La cuenta atrás para la baliza V16 entra en su fase decisiva en un clima extraño: mezcla de confusión, compras de última hora y un creciente enfado ciudadano. La Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene que a partir del 1 de enero los triángulos dejarán definitivamente de ser válidos, pero al mismo tiempo asegura que los agentes serán “flexibles” en la aplicación de la norma durante un tiempo.
Para una parte de los conductores, el mensaje suena a chiste de mal gusto: tras años de información dispersa, un mercado lleno de dispositivos dudosos y sin una gran campaña oficial al estilo de otras medidas de tráfico, ahora se apela a la flexibilidad policial… cuando muchos sienten que ya han pagado la factura en forma de balizas, eSIM, IVA y confusión.
“No habrá prórroga”, pero sí margen de tolerancia
El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha reiterado en varias intervenciones que no habrá prórroga: la V16 sustituye a los triángulos y la fecha está marcada desde hace años en el calendario normativo. La obligación de llevar la nueva señal luminosa conectada no ha surgido de improviso.
Sin embargo, el propio Navarro ha matizado que las fuerzas de seguridad aplicarán durante los primeros compases un criterio principalmente informativo. Traducido: los agentes serán flexibles, avisarán y explicarán la norma antes de sancionar de forma sistemática, con el objetivo de facilitar la transición y “consolidar el sistema”.
En teoría, se trata de un enfoque razonable: evitar que el cambio se convierta de golpe en una lluvia de multas para quien aún no se ha adaptado. Pero la forma y el momento del anuncio han encendido las críticas.
Falta de comunicación masiva y sensación de “trampa”
El contraste duele a muchos conductores: para otras medidas de tráfico o de medio ambiente sí ha habido cartas en todos los buzones, campañas intensivas y años de recordatorios. Con la V16, en cambio, la percepción generalizada es que la información ha llegado a trompicones: algo en la ITV, algo en prensa, algo en redes, pero sin una estrategia clara y sostenida por parte de la Administración.
El resultado es conocido:
- Cientos de miles de conductores comprando balizas sin saber si son válidas para 2026.
- Publicidad que prometía “homologación para toda la vida” sin explicar el requisito de conexión a DGT 3.0.
- Tiendas físicas y online vendiendo modelos que, a la hora de la verdad, no servirán cuando la obligación sea plena.
Muchos ciudadanos tienen la sensación de que se ha jugado con la ambigüedad: primero se abre un mercado millonario, se recauda el IVA, se contratan líneas de datos para las balizas conectadas… y solo cuando el calendario aprieta llega el mensaje de calma y flexibilidad. No faltan voces que piden directamente investigaciones y responsabilidades políticas si se confirma que se ha producido un fraude masivo de facto en la comercialización de dispositivos.
Un negocio enorme alrededor de un dispositivo obligatorio
La V16 no es solo un cambio de cacharro en el maletero. Es también un negocio de gran tamaño. En España circulan más de 30 millones de vehículos. Incluso aunque solo una parte de ellos tenga que adaptarse en el corto plazo, el volumen potencial de ventas es enorme.
Además del propio dispositivo, muchas balizas conectadas incluyen:
- Una eSIM o tarjeta integrada con conectividad NB-IoT o similar.
- Un plan de datos de varios años asociado al producto.
- Servicios de backend que enlazan con la plataforma DGT 3.0.
En la práctica, se ha creado un pequeño ecosistema de fabricantes, intermediarios, operadores y servicios tecnológicos alrededor de un producto obligatorio por ley. Sin un relato claro y una supervisión muy estricta, era cuestión de tiempo que surgieran dudas sobre quién gana realmente con esta transición y hasta qué punto se ha protegido al consumidor.
Seguridad vial frente a seguridad jurídica
En el plano de la seguridad vial, el argumento de la DGT es contundente: cada año mueren entre 20 y 25 personas atropelladas tras salir del vehículo en una situación de emergencia. Aunque no todos los casos están directamente relacionados con la colocación del triángulo, el riesgo de bajarse en una autovía o autopista a dejar una señal a 50 metros es evidente.
La V16 intenta reducir precisamente ese riesgo: se coloca sin abandonar el vehículo, en el techo o en una zona visible, y activa un aviso automático conectado con la plataforma DGT 3.0. Sobre el papel, es una mejora clara frente al sistema tradicional.
El problema es que la seguridad vial no puede desligarse de la seguridad jurídica y de la confianza. Cuando millones de conductores no saben si lo que han comprado sirve, cuando apenas se ha explicado el impacto tecnológico y de privacidad, y cuando la respuesta oficial es “habrá flexibilidad”, el mensaje técnico se diluye en un mar de sospechas.
Un dispositivo IoT que también plantea dudas tecnológicas
A todo ello se suman las preocupaciones tecnológicas. La baliza V16 conectada no es un objeto pasivo: es un dispositivo IoT que transmite datos de localización y estado a una infraestructura centralizada.
Investigaciones independientes han llegado a documentar vulnerabilidades en algunos modelos, con comunicaciones sin cifrar, mecanismos de actualización inseguros y posibilidades de manipulación remota. Son problemas que no afectan necesariamente a todas las balizas del mercado, pero que bastan para sembrar dudas sobre la robustez global del sistema y el grado de exigencia en la homologación.
En la era del cibercrimen y las infraestructuras críticas, la pregunta es inevitable: ¿se ha puesto el mismo rigor en la seguridad digital que en la normativa de uso en carretera? Hasta ahora, la sensación es que el discurso público ha pasado por encima de estas cuestiones.
Flexibilidad sí, pero también explicaciones
La decisión de pedir a los agentes que sean flexibles al inicio de la obligatoriedad de la V16 puede verse como un gesto de sentido común. Muchos conductores llegarán tarde, algunos por dejadez, otros por auténtica desinformación. Castigar de inmediato a todos por igual sería injusto.
Pero la flexibilidad no sustituye a la transparencia. Si se ha permitido que se vendan durante años dispositivos que no valdrán en 2026, habrá que aclararlo. Si ha habido comunicaciones ambiguas o campañas insuficientes, habrá que reconocerlo. Si existen dudas razonables sobre la ciberseguridad de la cadena tecnológica, habrá que abordarlas de frente.
Mientras eso no ocurra, la baliza V16 seguirá siendo para muchos el símbolo de una transición mal explicada: una medida que nació con la vocación de salvar vidas en carretera y que, por el camino, se ha enredado en un cúmulo de intereses comerciales, prisas políticas y falta de pedagogía pública.
A partir del 1 de enero, los triángulos pasarán a la historia. Lo que está por ver es si, con la misma claridad, la DGT y el resto de administraciones son capaces de despejar las sombras que se han acumulado alrededor de la V16.
