El pleno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha tomado la decisión unánime de solicitar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la «paralización inmediata» del proyecto de construcción del Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) en el municipio. Asimismo, el Consistorio ha acordado iniciar los trámites necesarios para revertir la situación jurídica de la parcela ubicada en la avenida de Meco, 28, a su estado anterior a la enajenación.
El alcalde, Miguel Óscar Aparicio, ha defendido la nulidad de la enajenación de la parcela por tres razones fundamentales. En primer lugar, ha señalado la falta de motivación, argumentando que es esencial justificar que el bien no es necesario ni para el uso general ni para el servicio público. En segundo lugar, ha destacado la ausencia de un proceso participativo, lo que compromete tanto la legitimidad de la cesión como su fundamentación jurídica. Por último, ha indicado que no se han seguido las formalidades legales necesarias para la desafectación de la parcela.
Durante la sesión, Mane Corral, portavoz del PP, recordó que en 2022 su partido había presentado una moción para paralizar la cesión del terreno, la cual fue rechazada en su momento por el equipo de Gobierno. Además, enfatizó que la reciente solicitud al Ministerio no asegura que el CAPI no se construya en Azuqueca. Mientras tanto, el portavoz de Vox, Miguel Ángel Flores, ratificó que su grupo nunca ha estado a favor de la ubicación del edificio en el municipio. Desde IU, María José Pérez insistió en que el procedimiento para la tramitación fue inadecuado, señalando que se llevó a cabo «a golpe de decreto» y con un enfoque «más económico que solidario». Pérez advirtió que, si se detiene la construcción, el Ayuntamiento deberá devolver 1,7 millones de euros al Estado por la enajenación.
En lo que respecta a otros temas tratados en el pleno, se aprobó un texto en conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El Ayuntamiento se comprometió a incrementar esfuerzos en materia de prevención, asistencia y protección a las víctimas de violencia de género, así como a sensibilizar a la sociedad, especialmente a hombres y jóvenes, sobre la lucha contra la desigualdad y la violencia.
Además, se aceptaron dos enmiendas propuestas por el PP que instan a la creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para esclarecer posibles conductas inapropiadas por parte de parlamentarios y sus equipos en relación a la libertad e indemnidad física y sexual de las mujeres. Esta iniciativa cuenta con el respaldo del equipo de Gobierno y del PP, aunque Vox se opuso a ella.
