Durante la sesión plenaria del 27 de marzo, el Pleno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, de manera unánime, ha dado luz verde para que el alcalde, Miguel Óscar Aparicio, se persone como acusación popular en un procedimiento judicial que se está llevando a cabo. Este caso involucra a una persona detenida por la Guardia Civil debido a una serie de daños y robos en más de 30 vehículos particulares, hechos que han suscitado una considerable preocupación entre los ciudadanos.
Antonio Expósito, concejal de Seguridad Ciudadana, ha señalado que la decisión se toma en defensa del interés general y de la seguridad pública, subrayando el grave perjuicio que estos actos han ocasionado a los vecinos y la alteración de la tranquilidad ciudadana. La autorización permite a los servicios jurídicos del Ayuntamiento realizar las gestiones necesarias para formalizar la personación en el proceso judicial correspondiente.
Expósito ha enfatizado el firme compromiso del Ayuntamiento para prevenir tales actos delictivos y ha manifestado su determinación de utilizar todos los recursos disponibles, en cooperación con la Guardia Civil y la Policía Local, para actuar contra individuos que pongan en riesgo la seguridad en Azuqueca.
El portavoz de Vox, Miguel Ángel Flores, ha comentado que el sospechoso «acumula una decena de acusaciones diferentes» y ha expresado su opinión de que, aunque la medida es positiva, llega tarde dado que la persona en cuestión ha estado activa en el municipio desde 2022. También ha cuestionado si se ha planteado la expulsión del individuo a la subdelegada del Gobierno en Guadalajara y la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha.
Por su parte, Mane Corral, portavoz del PP, ha calificado la medida de «sensata», señalando que en la administración local ha habido un retraso en la incorporación de diez nuevos agentes a la Policía, lo que podría haber facilitado el control de la situación. María José Pérez, portavoz de IU, ha reforzado la idea de la reincidencia del delincuente y ha recordado que el presupuesto de 2025 contempla la nueva incorporación de agentes a la Policía Local.
En otro punto de la sesión, el grupo municipal del Partido Popular presentó una moción para reprobar la gestión del exalcalde José Luis Blanco y su equipo, acusándolos de haber actuado de manera desleal y perjudicial hacia los ciudadanos. La moción fue aprobada con 10 votos a favor, 2 abstenciones de IU y 8 en contra del PSOE. El acuerdo incluye cinco puntos que van desde la reprobación de la actuación del exalcalde hasta la exigencia de mecanismos de control más estrictos en la gestión municipal.
Durante el debate, Mane Corral solicitó dimisiones por la mala gestión de los recursos públicos, mientras que el portavoz de Vox respaldó la moción indicando que el equipo de gobierno había ignorado las preocupaciones de la oposición y la ciudadanía relacionadas con el CAPI (Centro de Acogida de Protección Internacional). La portavoz de IU recordó que desde su grupo se ha criticado la gestión de Blanco tanto desde la oposición como desde el Gobierno.
En relación al CAPI, Susana Santiago, portavoz del PSOE, defendió la legalidad de la gestión realizada y pidió que se calmaran las acusaciones sin pruebas. También se discutió la revisión de precios del contrato del servicio de transporte urbano, donde se aprobó un coste de 3,15 euros por vehículo/kilómetro para el año 2025, tras la aceptación de alegaciones por parte de la empresa concesionaria.
La sesión concluyó con un emotivo minuto de silencio por las víctimas de violencia machista, y se justificó la ausencia de un concejal del Equipo de Gobierno por motivos de salud.