Admiten a trámite una denuncia contra la Consejería de Educación por prevaricación y corrupción en contratos de construcción
La Fiscalía ha admitido a trámite una denuncia contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid por el presunto fraccionamiento de contratos en la construcción de varios centros de Formación Profesional. El Grupo Parlamentario Socialista denunció a la Consejería de Educación por prevaricación administrativa, fraude en la contratación y cohecho, alegando irregularidades en los procesos de adjudicación de obras en estos centros.
Uno de los nombres destacados en el caso es el de Alfonso Mateos, antiguo subdirector de FP en la región, señalado como responsable de dar las órdenes de pago. A pesar de su cese fulminante, Mateos regresó a su puesto como profesor, y su rol en la gestión de estos contratos sigue bajo el escrutinio de la Fiscalía.
Más de 300 contratos en la mira y las prácticas irregulares en proyectos educativos
El grupo Más Madrid se ha sumado a la denuncia presentada por el PSOE, solicitando una comisión de investigación para esclarecer los hechos y pedir la investigación de más de 300 contratos que podrían haber sido fraudulentos. Según las investigaciones preliminares, al menos ocho proyectos muestran irregularidades relacionadas con el fraccionamiento de contratos.
Las obras se dividieron en facturas menores a los 40.000 euros, eludiendo así la Ley de Contratos del Sector Público y permitiendo adjudicaciones sin concurso público. Uno de los casos más emblemáticos es el del complejo educativo Ciudad Escolar, donde se construyó un hospital escuela con un presupuesto de 2,4 millones de euros, formalizado sin contrato oficial ni expediente público.
Transferencias de fondos y ocultismo en la gestión de recursos públicos
El esquema de fraccionamiento de contratos también implicó desvío de fondos entre institutos. El gobierno autonómico transfirió más de 200.000 euros al instituto Luis Buñuel de Móstoles, bajo la falsa premisa de que la cantidad se destinaría a esa localidad. Sin embargo, dichos fondos se usaron para abonar las facturas de la construcción en Alcorcón, eludiendo la intervención y el control económico.
Estas operaciones evidencian un entramado más amplio de opacidad y ocultismo en la gestión de recursos públicos. María Luz Rodríguez de Llera, actual alto cargo de la Formación Profesional en la Comunidad, ha evitado responder preguntas sobre este asunto, dejando claro que Mateos no actuó solo, sino que las decisiones implicaban a figuras de mayor jerarquía, como el ahora presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, y su exnúmero dos, Rocío Albert.
