El Gobierno de la Diputación de Toledo ha aprobado, en su reciente Junta de Gobierno, un ambicioso Plan Sectorial de Eficiencia Energética, Movilidad, Seguridad Vial, Energías Renovables y Servicios, que cuenta con un presupuesto de 6 millones de euros destinado a fortalecer las economías municipales de los ayuntamientos toledanos.
Según informó el área de Cooperación, bajo la dirección del vicepresidente primero de la Institución provincial, Jesús Guerrero, esta iniciativa ha sido impulsada teniendo en cuenta la actual situación económica global, marcada por un prolongado periodo inflacionista, el aumento de precios, la erosión del tejido empresarial y las altas tasas de desempleo que afectan a la región.
El programa se centra en facilitar la financiación de los gastos asociados al aumento de costes en el servicio de ‘Tratamiento de Residuos’, además de abordar los objetivos de eficiencia energética, movilidad y seguridad vial. En total, las ayudas se estructuran en dos líneas distintas. La primera línea, que dispone de 4 millones de euros, está destinada al tratamiento de residuos urbanos y a los gastos corrientes derivados de la prestación de servicios públicos municipales. La segunda línea cuenta con un presupuesto de 2 millones de euros, enfocado en proyectos de eficiencia energética, energías renovables, movilidad y seguridad vial, permitiendo cierta flexibilidad a los consistorios para la transferencia de fondos entre ambas líneas.
Todos los ayUNTamientos y las Entidades de Ámbito Territorial Inferior al municipio (EATIM) son elegibles para solicitar estas ayudas. El plazo para la presentación de las solicitudes se cerrará el 5 de junio de 2025. Una Comisión de evaluación se encargará de analizar las propuestas, que dependerán de una modificación presupuestaria necesaria para cubrir tanto los gastos de inversión como los corrientes, asegurando que ambas se gestionen de manera simultánea.
Se prevé que la resolución de la convocatoria se lleve a cabo en julio de 2025, mientras que el plazo de ejecución de los proyectos se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025, con una justificación final que deberá presentarse como máximo el 15 de marzo de 2026. Este Plan Sectorial contempla también un pago anticipado de la ayuda, estableciendo un 75 por ciento para la Línea 1 y un 50 por ciento para la Línea 2, con el fin de facilitar la ejecución de los proyectos por parte de los municipios.
