En una sesión reciente del Pleno, se ha dado luz verde a una modificación relevante de la Ordenanza Fiscal que incide directamente en el ámbito económico de los ciudadanos. La ordenanza afectada es la correspondiente al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Esta modificación ha contado con el respaldo del equipo de Gobierno y de la agrupación local Cuenca en Marcha. Sin embargo, ha encontrado cierta resistencia en la cámara, ya que el Partido Popular optó por la abstención y Vox expresó su disconformidad mediante un voto contrario.
La decisión se ha tomado considerando diversos factores que buscan un impacto positivo en la fiscalidad municipal y en la justicia social. Se plantea como una medida que pone en valor la responsabilidad que conlleva poseer vehículos, así como pretende contribuir a una mayor eficiencia en la gestión fiscal del municipio.
Además de la revisión del Impuesto sobre Vehículos, se ha incorporado una disposición que afecta al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Esta reforma tiene como objetivo el gravamen adicional para aquellos propietarios que posean cuatro o más viviendas que se encuentren desocupadas. Con esta medida, se pretende desincentivar la existencia de viviendas vacías y fomentar su puesta en el mercado, lo que podría ayudar a mitigar los problemas de acceso a la vivienda que enfrentan muchos ciudadanos.
El debate alrededor de esta modificación ha estado marcado por argumentos en favor del progreso social y la igualdad, así como la necesidad de adaptar la fiscalidad local a las realidades del siglo XXI. En tanto, los partidos que no han ofrecido su apoyo total a las medidas plantean preocupaciones en torno a la carga tributaria que suponen y la verdadera efectividad de estas políticas para resolver los problemas subyacentes.
La modificación aprobada se enmarca en una serie de políticas más amplias que buscan modernizar y hacer más justa la fiscalidad local. Con estas acciones, el equipo de Gobierno apunta a promover una gestión más equitativa de los recursos y a fomentar políticas que favorezcan a una mayoría social, evitando la especulación y el desaprovechamiento de activos inmobiliarios que podrían beneficiar al conjunto de la sociedad.
