El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real ha emitido duras críticas a la gestión financiera del PSOE en la etapa anterior, liderada por Pilar Zamora, responsabilizándola de la pérdida aproximada de un millón y medio de euros del Consistorio desde el año 2022, derivada de «subvenciones perdidas».
La polémica salida a la luz este lunes en palabras del portavoz gubernamental, Guillermo Arroyo, durante una rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local. En la misma, se decidió aprobar la devolución de una cantidad de 206.000 euros a la Diputación Provincial, montante originalmente destinado a la limpieza de los centros educativos de la ciudad dentro del programa ‘Colegio Seguro’.
Arroyo arguye que la causa principal de esta devolución es el resultado de «una gestión nefasta», que resultó en una serie de pliegos de adjudicación del servicio de limpieza escolar quedando desiertos. Esto ocurrió debido a que el proceso de licitación se anunció con demasiada celeridad y se planteó con un presupuesto insuficiente para atraer a empresas interesadas en prestar el servicio.
Como consecuencia de estos errores de gestión, el Ayuntamiento ahora se ve obligado a retornar los fondos a la Diputación. Esta suma es solo una parte de los 1,5 millones de euros en total que el Ayuntamiento dejó de recibir en subvenciones desde 2022, hecho que Arroyo imputa directamente a la «inacción política» de la administración pasada.
Más allá de la controversia financiera, la Junta de Gobierno Local también ha adelantado otros temas de interés ciudadano. Se ha aprobado la ejecución de un proyecto de renovación de la red de abastecimiento de agua potable en las calles Grecia, Noruega y Portugal, con un presupuesto superior a los 230.000 euros, y se ha dado luz verde a la adhesión a la plataforma electrónica de contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Esta última medida permitirá al Ayuntamiento acceder a servicios contratados de forma centralizada, prometiendo mejores tarifas, procedimientos más ágiles y conformidad con la normativa vigente.
