Durante su primera visita a África, la ministra de Asuntos Europeos e Internacionales de Austria, Beate Meinl-Reisinger, se presentó como una funcionaria centrada en la cooperación y el desarrollo, pero según un documento interno al que accedió el diario «Der Standard», su viaje a Uganda podría tener un objetivo más controversial: establecer centros de tránsito para solicitantes de asilo rechazados. Estos centros servirían para alojar a personas con órdenes de retorno firme hasta que sea posible su repatriación, un enfoque que ha despertado preocupaciones sobre el potencial abuso de derechos humanos.
El plan contempla que, en caso de fallidas repatriaciones desde Europa, se utilicen estos centros en Uganda para albergar a personas rechazadas, con un enfoque particular en solicitantes de asilo de Somalia, un país que tiene pocas posibilidades de aceptar retornos. Aunque se ha mencionado a Ruanda como un socio potencial, las últimas informaciones sugieren que Uganda podría asumir un papel más prominente en esta estrategia. Esta iniciativa se alinea con los esfuerzos de otros países europeos, como los Países Bajos, que ya han comenzado a implementar modelos similares, generando críticas sobre la posibilidad de que los derechos de los migrantes sean vulnerados.
A medida que Austria avanza en sus planes, la comunidad internacional observa con recelo. Varios organismos de derechos humanos han expresado su preocupación por la falta de garantías adecuadas que aseguren que estos espacios no se conviertan en «zonas sin ley», donde se ignoren los estándares internacionales de derechos. Con un enfoque en la cooperación y la inversión a largo plazo, el gobierno austriaco se enfrenta al desafío de equilibrar la gestión de la migración con el respeto por la dignidad humana, ante la presión por aumentar las tasas de retorno de las solicitudes de asilo en un contexto de creciente vigilancia y control migratorio.
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