El año pasado se registraron 98.316 interrupciones voluntarias del embarazo en España, lo que representa un aumento del 9 por ciento en comparación con el año anterior. Según el Registro Estatal de Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) publicado por el Ministerio de Sanidad, esta cifra se ajusta a los parámetros de la última década una vez que la pandemia de COVID-19 ha finalizado.
En la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha se realizaron un total de 3.294 interrupciones voluntarias del embarazo. Estos datos se dieron a conocer coincidiendo con el Día Mundial del Aborto Seguro, destacando que la tasa de IVE en 2022 fue de 11,68 por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años, en comparación con los 10,70 de 2021.
Además, el informe revela que el 73,04% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron antes de la octava semana de gestación, mientras que el 21,9% tuvo lugar entre las ocho y las 14 semanas. Sorprendentemente, el 94,94% de las IVE se llevaron a cabo sin necesidad de la intervención de un facultativo, siendo una decisión exclusiva de la mujer.
En cuanto a los centros donde se realizaron las interrupciones voluntarias del embarazo, un total de 222 centros autorizados en todo el territorio nacional llevaron a cabo las 98.316 intervenciones. De estos centros, el 82,70% fueron centros derivados (concertados o no) y el 17,02% eran centros públicos.
En cuanto a las edades de las mujeres que se sometieron a una IVE, se observa que el grupo más numeroso corresponde a las mujeres de entre 20 y 24 años, seguido por las mujeres de entre 25 y 29 años. También se registraron 306 IVE en menores de 15 años. Además, se destaca que el 41,28% de las mujeres que abortaron declararon no utilizar ningún método anticonceptivo.
En relación a la situación personal de las mujeres, el informe revela que el 8,49% de las mujeres que se sometieron a una IVE no tenían pareja pero sí hijos, mientras que el 31,9% sí tenía pareja e hijos. Respecto al número de hijos, el 50,6% no tenía hijos, el 23,55% afirmó tener un hijo, el 18,37% tenía dos hijos y más del 7% afirmó tener tres o más hijos.
En cuanto al nivel educativo de las mujeres, el informe muestra que el 35,10% tenía completado el bachillerato o algún ciclo de FP equivalente, mientras que el 31,4% tenía la ESO y el 19,8% tenía estudios universitarios. En términos de situación laboral, el 57,33% eran trabajadoras por cuenta ajena, el 17,88% estaban desempleadas, el 12,6% eran estudiantes, el 4,65% eran trabajadoras por cuenta propia, el 4,29% eran amas de casa y el 0,34% eran pensionistas.
En cuanto a la nacionalidad de las mujeres que se sometieron a una IVE, 62.464 eran de nacionalidad española, 280 de ellas eran menores de edad. Además, se registraron 6.299 IVE en mujeres del resto de Europa o la Unión Europea, 21.080 IVE en mujeres del continente americano y 4.706 IVE en mujeres del continente africano.
Por comunidades autónomas, Cataluña se mantiene como la región con la tasa más alta de interrupciones voluntarias del embarazo (14,87 por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años), seguida de la Comunidad de Madrid (12,89). Andalucía, Asturias, Baleares, Murcia, País Vasco y Canarias también están entre las comunidades con tasas más elevadas. Por otro lado, Ceuta y Melilla, La Rioja, Galicia, Extremadura, Castilla y León, Aragón, Navarra, Cantabria, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana presentan las tasas más bajas.
Finalmente, en cuanto a las razones que motivaron las interrupciones voluntarias del embarazo, el 91,23% se debió a petición propia, el 5,66% por un embarazo de grave riesgo para la vida de la mujer y el 2,8% por riesgo de graves anomalías en el feto o anomalías fatales incompatibles con la vida. El 73% de las intervenciones se realizaron antes de las ocho semanas de gestación.
Desde el Ministerio de Sanidad se destaca la importancia de seguir impulsando la estrategia de salud sexual y reproductiva en colaboración con las comunidades autónomas y las sociedades científicas y asociaciones. Se reafirma el compromiso de garantizar el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y mejorar el acceso a esta prestación dentro del Sistema Nacional de Salud, velando por la salud y seguridad de las mujeres.
