La reciente muerte a tiros de Mauricio Aramayo, quien trabajó estrechamente con el presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira, ha conmocionado al país. Aramayo, exdirector del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), fue atacado mientras se desplazaba en su vehículo en el centro de Tarija. Testigos relatan que hombres encapuchados en una motocicleta abrieron fuego, dejando a la víctima gravemente herida. A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, no logró sobrevivir.
El Gobierno boliviano ha señalado que la muerte de Aramayo podría estar relacionada con amenazas previas recibidas por su rechazo a involucrarse en actos de corrupción, ya que se había negado a aceptar sobornos. La portavoz presidencial, Carla Faval, enfatizó la valentía del exfuncionario, destacando que su compromiso con la legalidad costó su vida. Esta tragedia ha resuena profundamente en la sociedad boliviana, generando un llamado a la justicia y a esclarecer las circunstancias que rodearon su asesinato.
Las autoridades han reaccionado activando el «Plan Z» de la Policía, con el objetivo de localizar a los responsables del ataque. Asimismo, el fiscal de Tarija ha iniciado una investigación oficial para esclarecer el crimen y determinar los culpables. La situación plantea importantes interrogantes sobre la seguridad de aquellos que, como Aramayo, se atreven a desafiar la corrupción en el ámbito público, y sobre cómo las amenazas sistemáticas pueden llevar a tragedias en el ejercicio del servicio público.
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