La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Castilla-La Mancha ha dirigido un mensaje formal a la Consejería de Desarrollo Sostenible de la comunidad, requiriendo la creación de una mesa de diálogo con foco específico en la modificación del artículo 3 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, dedicada a Montes y Gestión Forestal Sostenible. La definición de monte recogida en la legislación ha suscitado inquietud entre los agricultores, quienes enfrentan limitaciones en periodos de alto índice de propagación de incendios (IPP).
Por medio de un comunicado, Asaja ha manifestado su descontento, señalando que la definición vigente del término monte genera «dudas e incertidumbre» entre los profesionales del sector. Abogan por una normativa que brinde «garantías y seguridad jurídica» idónea para la correcta aplicación de la ley en sus quehaceres cotidianos.
El principal desacuerdo radica en que la norma autonómica contempla un rango muy amplio de cerramientos, construcciones y elementos naturales como monte, restringiendo en demasía las áreas donde se permiten las labores agrícolas. Este enfoque contrasta con el definido a nivel estatal en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, que considera monte, entre otros aspectos, a los terrenos agrícolas abandonados que evidencien características forestales y los enclaves de determinada extensión dentro de zonas agrícolas.
La organización agraria subraya que, bajo la actual interpretación de la ley en Castilla-La Mancha, se prohibe la cosecha en una extensa fracción del área destinada a cultivos en la región. Sostienen que es común encontrar pastizales o fragmentos forestales dentro de dichas áreas, lo cual podría estar alejado de las verdadeas_extensiones forestales consideradas monte.
Asaja propone una serie de soluciones prácticas, que incluyen aumentar el tamaño mínimo permitido para pastizales y maderas dentro de las tierras cultivables afectadas por la decisión y la implementación de una nueva estratégica basadas en datos de Sigpac. Esta última consiste en delimitar áreas perimetrales de seguridad de 10 metros en torno a masas forestales, las cuales podrían utilizarse para barbechos estratégicos o para el cultivo de girasoles, reduciendo así el peligro de incendios. Además, sugieren que estos espacios puedan recibir compensaciones económicas dentro del marco de prevención de la legislación forestal del Programa de Desarrollo Rural de la comunidad.
La implementación de estas propuestas, de acuerdo con Asaja, «liberaría» una considerable porción de la superficie agrícola actualmente restringida. Esto facilitaría la realización de actividades agropecuarias aún cuando el peligro de combustión fuera clasificado como muy alto o extremo, sin que ello implicara un incremento significativo en el riesgo de incendios forestales.
