Las principales organizaciones representantes de los agricultores y ganaderos en España han elevado su tono de advertencia hacia el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, así como representantes de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y Cooperativas Agro-alimentarias, han expresado su disposición a convocar nuevas movilizaciones si el Gobierno no se abre a negociar sobre el documento denominado ‘Agricultura, cuestión de Estado’.
Este documento incluye una serie de propuestas con el objetivo de mejorar las 43 medidas que se habían acordado con la UPA y la Unión de Uniones. Las organizaciones agrarias han recalado en la necesidad de extender las conversaciones sobre temas esenciales para el sector, como son los seguros agrarios y las llamadas ‘cláusulas espejo’, estas últimas enfocadas en mantener la igualdad de condiciones frente a las producciones de países no pertenecientes a la Unión Europea.
La postura unificada de Asaja, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias resalta la urgencia de una revisión de la Política Agraria Común (PAC) europea que, según declaraciones de Barato, debería representar un cambio significativo en la manera en que se aprecia y valora la labor agrícola en el continente. Existe una clara frustración por parte del colectivo debido a una percepción de reducción en el presupuesto destinado a los productores españoles, lo que es considerado un desacierto en términos económicos y de apoyo al sector.
También han sido objeto de crítica las consecuencias de la guerra de Ucrania, y cómo estas han influido negativamente en la competencia agrícola, con especial énfasis en la exportación de granos desde Ucrania que, a juicio de Barato, favorecen la competencia desleal. La importación de productos agrícolas como las naranjas egipcias, que han ingresado al mercado europeo tras el conflicto de Gaza, también se señala como uno de los factores que están perjudicando severamente los precios y la producción local.
Desde Cooperativas Agro-alimentarias, su presidente Ángel Villafranca ha exigido que la Ley de la Cadena Alimentaria, vigente desde 2020, respete las especificidades del modelo cooperativo agrario, argumentando que la política agraria, no la presión sobre las cooperativas, es el camino apropiado para mejorar la rentabilidad y los precios.
Por otro lado, COAG ha manifestado su preocupación por la posible futura influencia de Teresa Ribera, actual ministra para la Transición Ecológica y posible cabeza de lista del PSOE en las elecciones europeas, en la regulación medioambiental que afecte al sector ganadero, considerando su historial en el área medioambiental.
Las referidas organizaciones se han pronunciado en favor de asegurar la viabilidad de las explotaciones agrarias, en especial ante el incremento de la presión climática, y han puesto de relieve la importancia del diálogo con el Ministerio.
Ante esta situación, no se ha definido un programa concreto de movilizaciones, pero se ha informado de que las organizaciones están dispuestas a esperar al Foro que el Ministerio ha previsto para los próximos 16 y 17 de mayo en Toledo antes de tomar medidas de protesta adicionales.
