Asaja Castilla-La Mancha ha emitido un comunicado en respuesta a las acusaciones recientes formuladas por los sindicatos CCOO y UGT, en el que rechaza categóricamente la afirmación de que los convenios colectivos del campo no cumplen con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en la región. La organización agraria sostiene que estas acusaciones son infundadas y que los convenios se establecen mediante acuerdos entre las partes y se someten a las autoridades correspondientes, asegurándose de que cumplen con las normativas vigentes antes de ser aceptados.
La organización agrícola ha cuestionado las tácticas de los sindicatos, acusándolos de difundir mentiras y de faltar a la verdad en su intento de defender los intereses de los trabajadores. En lugar de protestar frente al Ministerio de Agricultura, Asaja CLM insta a los sindicatos a cuestionar a las figuras políticas responsables de la política de salarios como son la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a quienes atribuyen la aceleración de la despoblación en España.
La organización ha subrayado que, además del salario, los empleadores asumen otras responsabilidades financieras incluyendo las contribuciones a la Seguridad Social, el IRPF y otros deberes fiscales, a pesar de que los sindicatos describan los salarios como «míseros» o «no dignos».
Asaja CLM también ha señalado que el Salario Mínimo, al ser utilizado como referencia para la remuneración legal mínima, no refleja las diferencias regionales en términos de salario promedio. Según la organización, la media de los salarios en Castilla-La Mancha es significativamente menor que la del salario medio nacional, influyendo en las negociaciones de los convenios colectivos.
Otro punto de discusión ha sido el impacto de las subidas del SMI, que según Asaja CLM, benefician más a la Administración mediante un incremento en la recaudación de impuestos y cotizaciones que al trabajador directamente. Finalmente, la organización ha criticado lo que considera una «tremenda intromisión» del Gobierno en las negociaciones colectivas, que a su juicio, bloquean cualquier posibilidad de una negociación auténtica entre empleadores y trabajadores.
