Asaja Castilla-La Mancha ha expresado su preocupación ante lo que considera un intento de «confundir a la opinión pública» respecto a las nuevas normas de explotación del trasvase Tajo-Segura. La organización agraria ha subrayado que resulta «un sinsentido» continuar trasvasando agua del Tajo mientras los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía enfrentan problemas de abastecimiento que requieren el uso de camiones cisterna.
José María Fresneda, presidente de Asaja en la región, ha señalado que la situación actual no debe entenderse como una garantía de abastecimiento para Levante a expensas de vaciar la cuenca del Tajo. Según Fresneda, la modificación de la normativa sobre el trasvase, que debió llevarse a cabo hace un año según el Real Decreto 35/2023, ha pasado por alto las serias consecuencias ambientales, sociales y económicas que conlleva esta actividad. «El impacto que estamos viendo no se habría producido si realmente se hubieran trasvasado solo excedentes, como estipula la legislación”, ha insistido.
La organización ha hecho un llamado a la vigilancia respecto a la planificación hidrológica del cuarto ciclo, que abarca el periodo 2028-2033 y cuyas propuestas están actualmente en fase de consulta pública. Fresneda ha lamentado la falta de claridad sobre el uso del agua, advirtiendo que las reglas actuales fueron diseñadas basándose en previsiones de aportaciones hídricas poco realistas que no se ajustan a la realidad desde hace más de 40 años.
Los embalses suelen estar por debajo del 40% de su capacidad, y la media de llenado se encuentra por debajo del 30%. Esta situación ha causado un “daño importante” a la cuenca del Tajo y a las comunidades ribereñas, aumentando la tensión en torno a la gestión del agua. La organización ha recordado que la cuenca cedente debe atender múltiples necesidades, incluyendo las demandas de consumo, caudales ecológicos y las necesidades agrícolas e industriales.
Fresneda ha subrayado que el enfrentamiento entre regantes y la falta de acuerdos sólo perpetúan el conflicto. Al respecto, ha afirmado que no se trata de una «guerra del agua», sino de cumplir con la legalidad vigente. Asimismo, ha destacado que Castilla-La Mancha depende casi exclusivamente del agua del Tajo, a diferencia de Levante, donde se han desarrollado infraestructuras de desalación financiadas por todos los españoles.
Finalmente, Asaja ha instado a buscar un consenso que contemple las necesidades de todos los actores involucrados en la gestión del agua en la comunidad, haciendo hincapié en que la resolución de este grave problema debe estar por encima de cualquier interés político. “Esto va de resolver un problema gravísimo, no de hacer política”, ha concluido Fresneda.
