En un contexto lleno de incertidumbres y desafíos globales, la justicia social emerge como un imperativo ineludible. Las tensiones internacionales, una economía en constante transformación y un rechazo creciente hacia lo extranjero son solo algunos de los fenómenos que exacerban la insensibilidad social. Ante estas circunstancias, dos reacciones son particularmente peligrosas: la resignación a la inacción y la simplificación del debate social a una mera confrontación de consignas. Frente a ambas actitudes, la justicia social ofrece un criterio contundente: se mide el valor de una comunidad por la atención que brinda a quienes más lo necesitan y por la celeridad con la que actúa.
Es fundamental entender qué significa realmente la justicia social. Lejos de ser simplemente caridad o actos puntuales de compasión, implica que los derechos de todas las personas sean efectivamente ejecutables. Esto se traduce en la necesidad de contar con un marco administrativo que incluya presupuestos adecuados, cronogramas definidos y accesos claros a los servicios y ayudas disponibles.
La noción de bienestar social debe ser considerada como una infraestructura democrática. Al igual que las carreteras conectan territorios, los servicios de cuidado y atención tejen la red social que une vidas. Ejemplos de esto son la atención a la dependencia, la ayuda a domicilio y la protección de la infancia; cuando estos cuidados fallan, la igualdad se convierte en un concepto abstracto.
En Castilla-La Mancha, esta visión está clara: el bienestar social no es un gasto superfluo, sino una inversión en derechos. La Consejería de Bienestar Social ha consignado en su presupuesto para 2026 la cifra récord de 953,1 millones de euros, marcando un incremento significativo de más del 57% desde 2015. Este compromiso político se traduce en una inversión diaria que ha pasado de 1,6 millones a 2,6 millones de euros en este mismo periodo.
Sin embargo, es importante recordar que las personas no viven en cifras ni notas de prensa; viven en la realidad de los tiempos de espera y la continuidad de los servicios. La necesidad de agilizar los procedimientos y asegurar que las ayudas lleguen a tiempo es vital para la estabilidad familiar y el mantenimiento de proyectos sociales. Este esfuerzo se ha concretado en la rapidez de respuesta en prestaciones, como la atención a la dependencia, donde Castilla-La Mancha ha logrado tiempos de resolución mucho más cortos que la media nacional.
El sistema de teleasistencia pública avanzada también ilustra cómo se implementa la justicia social en el día a día, atendiendo a más de 86.000 personas y garantizando la seguridad y autonomía de los ciudadanos en 93% de los municipios de la región.
No obstante, aún persisten desafíos significativos. Las mejoras en los índices de pobreza y exclusión revelan la complejidad de la realidad social, donde las vulnerabilidades a menudo se transmiten de generación en generación. Conscientes de ello, Castilla-La Mancha ha puesto en marcha la II Estrategia Regional contra la Pobreza y la Desigualdad Social, un enfoque integral y basado en derechos que busca implementar medidas concretas y efectivas.
La justicia social, además, no puede ser un privilegio condicionado por el lugar de residencia. Es esencial que todos los ciudadanos, sin importar su origen o su lugar de vida, tengan acceso equitativo a los recursos y servicios. Por ello, se están reforzando los Servicios Sociales de Atención Primaria, y se han incrementado los profesionales en este sector, asegurando que las medidas se apliquen de manera justa y equitativa en toda la comunidad.
En definitiva, el compromiso con la justicia social debe ir más allá de la mera conmemoración. Es necesario un compromiso claro y efectivo que pase por la asignación de presupuestos, el establecimiento de plazos y la garantía de continuidad en las políticas sociales. La justicia social comienza donde terminan las excusas, y en Castilla-La Mancha, este compromiso se manifiesta a través de acciones concretas y decididas.
