El pasado viernes 5 de abril, la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba (Ciudad Real) celebró un Pleno Extraordinario en el que se aprobaron todos los puntos del orden del día sometidos a votación. La sesión comenzó con un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género desde la celebración del último pleno. Pilar Rubio, concejala de Políticas de Igualdad, lamentó en nombre de toda la Corporación estas pérdidas y mostró su preocupación por el incremento del número de menores asesinados por sus padres para hacer daño a las madres, la denominada violencia vicaria.
Uno de los puntos más destacados del pleno fue la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de basura, que salió adelante con el voto a favor del PP y en contra de PSOE e IU. La alcaldesa, Sonia González, señaló que las entidades locales son tratadas como meros recaudadores de impuestos estatales o autonómicos, con incrementos que afectan a los costes de servicios como la recogida de residuos. En 2024, el costo de este servicio aumentó en cien mil euros, alcanzando un total de 513.473,97 euros, lo que ha llevado a un incremento promedio del 67 % en las tarifas, aunque se mantendrá la cuota cero para más de cuatrocientos pensionistas. Además, la alcaldesa informaba que se han establecido nuevas bonificaciones para familias en riesgo de exclusión social, familias numerosas y establecimientos que donen alimentos a organizaciones sin fines de lucro.
Además, para simplificar y aplicar redondeos, se propusieron una nueva tabla de tarifas en la que se incorporaban nuevos casos como las casas rurales o viviendas de uso turístico.
En relación a la situación económica con Comsermancha, Sonia González, informó que el Ayuntamiento tiene un déficit acumulado con Comsermancha de 700.000 euros y una deuda de 337.990,46 euros, por lo que esta subida de tasas, según la alcaldesa, que responde a disposiciones europeas y estatales, es una medida necesaria para poder afrontar estos compromisos financieros.
Noelia Serrano, portavoz del PSOE, criticó las subidas de tasas como injustas, insolidarias y no justificadas, cuestionando la eficiencia de la gestión municipal. Francisco Jesús Olmedo, portavoz de IU, rechazó la subida de tasas y propuso que se ajusten al IPC, por lo que pidió la retirada de la propuesta y la reconsideración de alternativas que no perjudiquen a los ciudadanos.
Con el voto a favor del PP e IU y en contra del PSOE, se aprobó la moción del Grupo Municipal Popular que insta a retirar del Proyecto de “Ley de Acompañamiento a los Presupuestos’ de Castilla-La Mancha para 2024 los preceptos relacionados con el canon medioambiental (DMA). Clara Hilario, portavoz del PP, argumentó que este nuevo canon DMA pretende justificar un impuesto adicional, a pesar de que la ley regional ya contempla la recuperación de costes relacionados con el agua. Afirmó que el canon aumentará la carga fiscal para los ciudadanos y los municipios, especialmente para aquellos con pérdidas de agua, como Argamasilla de Alba, por lo que, en nombre de su grupo, solicitó al Gobierno de Castilla-La Mancha la derogación y retirada de los preceptos relacionados con este canon.
La portavoz del PSOE argumentó que el cumplimiento del canon es una obligación legal que beneficia a la comunidad autónoma y facilita el acceso a fondos europeos para mejoras en infraestructuras de riego y medioambiente, y destacó el papel de los gobiernos socialistas en el desarrollo sostenible. Por su parte, el portavoz de IU afirmó coincidir en parte con la moción, pero para apoyarla pidió incluir que se solicite en la misma la convocatoria de la Mesa del Agua de Castilla-La Mancha para llegar a un acuerdo más amplio que involucre a diferentes actores relacionados.
En el pleno, la alcaldesa dio cuenta de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2023, y aseveró que a pesar de los desafíos enfrentados en el último trimestre del ejercicio 2023, se logró superávit de 18.340,98 euros, que es la diferencia entre los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas. Además, el remanente de tesorería para gastos generales resultó positivo, con un total de 82.929,18 euros.
Aunque estas cifras son positivas, la alcaldesa enfatizó la necesidad de ser prudentes, como evidencia la disminución del superávit el Ayuntamiento en el ejercicio 2023 en comparación con años anteriores. La alcaldesa agradeció a los vecinos su comprensión ante las medidas de ajuste necesarias, como la reducción de las horas de limpieza. A pesar de la situación complicada, subrayó la alcaldesa, se ha logrado un resultado positivo y se ha evitado la necesidad de realizar ajustes adicionales al presupuesto.
Asimismo, Sonia González dio cuenta del informe de intervención sobre cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria con motivo de la liquidación del presupuesto 2023, e informó que el objetivo de estabilidad presupuestaria no se ha cumplido. Según la liquidación del ejercicio, existe una necesidad de financiación de 102.000 euros. La ley exige a las administraciones locales un equilibrio entre ingresos y gastos, equilibrio que no se ha logrado en este caso. Sin embargo, no será necesario implementar un plan económico financiero debido a la suspensión de las reglas fiscales. A pesar de los resultados positivos, la alcaldesa insistió en la necesidad de prudencia y responsabilidad debido a la discrepancia entre los ingresos y los gastos.
En cuanto a la deuda, indicó que asciende a 3.650.000 euros a fecha 31 de diciembre. Esta cifra proviene del informe de intervención y se compone de 1,7 millones de euros en préstamos de la Diputación, casi 2 millones de euros en operaciones de tesorería y 35.000 euros en deudas a bancos. Esto representa el 56,6% de los ingresos corrientes liquidados. Por otro lado, en 2023, se amortizó una cantidad de 582.960 euros, lo que supone un esfuerzo financiero importante.
Sobre la mesa y para el próximo Pleno, se dejó la resolución de alegaciones al expediente de modificación de diversas ordenanzas fiscales, que fueron aprobadas inicialmente por acuerdo de Pleno el 15 de febrero de 2024. Los dos grupos de la oposición alegaron falta de tiempo para estudiar la documentación de intervención presentada a sus alegaciones, ya que recibieron dicha documentación el mismo día del pleno.
