El Juzgado de Instrucción número nueve de Sevilla ha decidido el sobreseimiento libre de la causa que había sido abierta contra un grupo de aproximadamente 30 personas por presunto robo de grandes cantidades de cable de cobre en las comunidades de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. Esta resolución se hizo oficial mediante un auto emitido el pasado 24 de septiembre, según información recogida por Diario CLM.
En el desmantelamiento de la supuesta red delictiva, la Guardia Civil había llevado a cabo, en 2022, un total de 16 registros en las localidades de Guillena, Camas y en la capital sevillana. Durante estas intervenciones, se confiscaron 3,2 toneladas de cobre, 70.865 euros en efectivo, así como herramientas, maquinaria especializada, una escopeta calibre 12 previamente sustraída, 39 teléfonos móviles, ordenadores y joyas con un valor estimado de 109.000 euros. Además, se incautaron nueve vehículos y otros útiles relacionados con la actividad delictiva.
La Guardia Civil había identificado a esta organización delictiva como compuesta por diversos clanes o familias originarias de países del Este de Europa, que se dedicaban a realizar robos mientras que otras facciones se encargaban de operar desguaces o chatarrerías para adquirir los materiales robados, generando así «suculentos beneficios» a partir de actividades ilícitas. Esta red fue atribuida por los investigadores a un total de 103 delitos de robo, que sumaban un valor total de 1,3 millones de euros, de los cuales la mitad correspondía a daños causados durante los robos.
Sin embargo, en su auto, el juzgado subrayó que los indicios proporcionados por la investigación policial no eran suficientes para justificar la continuación del procedimiento judicial. El auto señala que las evidencias recaían principalmente en escuchas telefónicas, posicionamiento de móviles y grabaciones de cámaras de seguridad en puntos de encuentro de los investigados, pero no se logró interceptar vehículos utilizados en los supuestos robos, ni se encontraron herramientas que evidenciaran su participación en los delitos.
El juzgado enfatiza que «ni un solo viaje interceptado de los vehículos implicados en los que se haya podido localizar cableado procedente de alguno de los robos durante su transporte» fue documentado. También se indicó que no había imágenes que permitieran identificar a los investigados en el acto delictivo ni comprobar su organización o la cantidad de personas involucradas. Las escuchas, aunque mencionaban viajes y cargas de material, no ofrecían pruebas claras de los lugares de origen de los objetos mencionados.
Por otro lado, el juzgado menciona que algunas de las investigadas, como cuatro mujeres, sólo tenían conexión con el caso por ser parejas de los investigados y por contratación de líneas de teléfono que pudieron ser usadas por estos, lo que se consideró claramente insuficiente para mantener la acusación.
Además, se determinó que no había pruebas suficientes que vincularan el cobre incautado con los robos en cuestión. Las herramientas halladas eran consideradas de uso común en el ámbito de venta y almacenamiento de materiales.
El juzgado no sólo resolvió el sobreseimiento de la causa, sino que también ordenó la devolución de los objetos, vehículos y montos intervenidos a sus respectivos propietarios, así como la anulación de las medidas cautelares impuestas.
Por su parte, el letrado José Antonio Sires, defensor de dos de los investigados, comunicó que sus clientes están evaluando la posibilidad de demandar al Estado por los daños económicos y morales sufridos tras aparecer como investigados en esta causa.
