Castilla-La Mancha ha aprobado el límite de gasto no financiero para el ejercicio 2023 por un importe estimado de 7.554,3 millones de euros, lo que supone mantener prácticamente la misma cuantía que en el ejercicio 2022 para la elaboración de unos presupuestos regionales que serán de nuevo un instrumento eficaz para seguir generando riqueza y empleo y garantizando el bienestar y el progreso de la sociedad.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha informado en rueda de prensa de la aprobación hoy, por parte del Consejo de Gobierno, del límite de gasto no financiero para 2023, de manera que Castilla-La Mancha se convierte en una de las primeras comunidades autónomas en aprobar el conocido como techo de gasto, que es el gasto máximo en el que la Administración regional puede incurrir a lo largo del ejercicio como consecuencia de los ingresos no condicionados o finalistas que se esperan obtener a lo largo del año.
Una vez aprobado el límite de gasto no financiero por parte del Consejo de Gobierno, se dará traslado inmediato a las Cortes de Castilla-La Mancha, iniciándose así el trámite parlamentario preceptivo para aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos para 2023, con el objetivo de que puedan entrar en vigor el próximo 1 de enero.
Rigor, responsabilidad y cumplimiento de los compromisos
Ruiz Molina ha incidido en “tres importantes aspectos que justifican su cuantía”, el primero de ellos el rigor. El consejero ha subrayado que “el rigor está presente en la acción de este Gobierno, pero cuando hablamos de dinero, significa que las estimaciones de ingresos las realizamos bajo un criterio de máxima prudencia, con el objetivo de que lo que gastamos esté en consonancia con lo que prevemos ingresar”.
En segundo lugar, ha destacado la responsabilidad con la que se ha elaborado el techo de gasto, ya que “a pesar de ser año electoral, hemos decidido acometer una reducción sin precedentes en nuestra apelación al endeudamiento, superior al 70 por ciento”.
El tercer aspecto que ha resaltado el titular de Hacienda y Administraciones Públicas es que la “máxima prioridad” del Gobierno es cumplir con los compromisos adquiridos. “Y, dentro de esos compromisos, para 2023 seguimos manteniendo congelada la presión fiscal”. En este sentido, ha afirmado que “somos una de las comunidades autónomas que menor carga impositiva impone a sus ciudadanos”.
Principales magnitudes del límite de gasto no financiero
El consejero también ha hecho hincapié en que el techo de gasto se ha elaborado en base a las estimaciones de ingresos que maneja la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y una vez conocida la información necesaria en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), celebrado el pasado 27 de julio, en lo que se respecta a la suspensión de las reglas fiscales para el ejercicio 2023, la tasa de referencia en relación al déficit y los recursos provenientes del sistema de financiación.
Ruiz Molina ha detallado las principales magnitudes que componen el límite de gasto no financiero para 2023. La primera son los ingresos propios de carácter no financiero, que ascienden a 7.234 millones, lo que supone una variación respecto al ejercicio anterior del 23 por ciento. De esta cifra ha remarcado que el 85 por ciento, es decir, 6.197 millones, son los ingresos que le corresponden a Castilla-La Mancha, provenientes del sistema de financiación vigente e incluye las entregas a cuenta de 2023 y la liquidación correspondiente al ejercicio 2021.
“El elevado porcentaje que esta magnitud representa en el total de los ingresos de la Comunidad Autónoma pone de manifiesto la importancia que para la región tiene abordar la reforma del sistema de financiación autonómica, tal como viene reclamando desde hace tiempo el presidente de Castilla-La Mancha”, ha indicado el titular de Hacienda y Administraciones Públicas.
Asimismo, ha precisado que el 15 por ciento restante, es decir, 1.037 millones, “se corresponde con los ingresos de carácter tributario que gestionamos desde la Administración regional y los provenientes de otras administraciones”, como el Estado o la Unión Europea.
La segunda magnitud la constituyen los ingresos en relación al REACT EU, el fondo europeo que, con carácter extraordinario, se aprobó en 2020 y por el que a Castilla-La Mancha le correspondieron 392 millones de euros. “Para 2023 hemos presupuestado la cuantía que esperamos ingresar como consecuencia de las justificaciones de gasto que venimos realizando”, ha matizado.
La tercera magnitud es el déficit autorizado, que para las comunidades autónomas se ha fijado en el 0,3 por ciento del PIB. Ruiz Molina ha asegurado que el Gobierno de Castilla-La Mancha se va a ceñir a este porcentaje, “algo que no hicimos para el presupuesto de 2022 porque, de haber respetado ese año la recomendación del Ministerio, hubiéramos tenido que acometer recortes”.
La cuarta y última magnitud son los ajustes de contabilidad nacional, que suman 47,9 millones de euros y que son aquellos ajustes que se deben realizar para que el techo de gasto sea fijado en términos de contabilidad nacional. El consejero ha indicado que la variación respecto a 2022 es consecuencia de dos factores: el cambio en la metodología de contabilización de determinados fondos europeos y el retraso en la aprobación del programa operativo 2021-2027.
Del mismo modo, ha hecho hincapié en que el límite de gasto no financiero se ha elaborado “con el objetivo de que, ante la situación de incertidumbre económica en la que nos encontramos, podamos ofrecer certidumbre en relación a la gestión de los recursos públicos, porque creemos que eso otorga confianza y seguridad a la hora de dar respuesta a las necesidades y demandas, tanto individuales como colectivas, de la ciudadanía”.
Prioridades de los Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2023
Finalmente, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha explicado que “con la aprobación de este techo de gasto, a lo que hay que sumar los ingresos de carácter condicionado o finalista provenientes de la Administración del Estado y de la Unión Europea, el Ejecutivo autonómico tiene los mimbres suficientes para elaborar los presupuestos regionales para 2023”.
De hecho, ha avanzado que el Consejo de Gobierno también ha tomado en consideración el texto articulado de la Ley de Presupuestos para el próximo ejercicio, para que pueda ser informado por el Consejo Consultivo como paso previo para la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos por parte del Consejo de Gobierno.
Unos presupuestos de los que ha dicho que tendrán como prioridades atender las necesidades del tejido productivo para impulsar la actividad económica, así como de las familias y de los sectores más vulnerables. Otras prioridades serán continuar reforzando los servicios públicos fundamentales, impulsar la transición ecológica y la transformación digital y adoptar políticas activas para hacer frente al reto demográfico.
“La maquinaria presupuestaria funciona con absoluta normalidad, y eso es consecuencia de la estabilidad política e institucional existente”, ha concluido Ruiz Molina.
