El Proyecto de Ley del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha ha conseguido avanzar este jueves en las Cortes regionales, recibiendo el apoyo del PP y PSOE, mientras Vox optó por la abstención. Durante el debate, el Grupo Parlamentario Socialista abogó por la unanimidad entre PP y Vox para facilitar la aprobación del proyecto, lo que enfrentó ciertas discrepancias.
Vox condicionó su apoyo a la aceptación de siete enmiendas propuestas, mientras que el PP manifestó su deseo de que el proyecto obtenga el mayor respaldo posible. Entre los puntos de controversia se encuentran la retribución de los miembros y la paridad en la composición del Consejo. El diputado socialista Ángel Tomás Godoy lanzó la idea de alcanzar consensos en algunas enmiendas de Vox, subrayando la importancia de la unanimidad para garantizar mayor seguridad jurídica.
Por su parte, Luis Juan Blázquez de Vox, criticó al Gobierno regional, afirmando que el Consejo Consultivo había señalado que la norma carecía de rigor técnico. Vox propone eliminar la retribución de los miembros del Consejo, permitiendo solo una compensación por gastos, y cuestionó la necesidad de paridad de género ya que consideran que hay una ley que asegura dicho principio. Además, plantearon reducir la cantidad de miembros del Consejo de 14 a 8, argumentando que la representación de sindicatos y empresas no contribuye a un enfoque más técnico y empresarial.
Godoy respondió a las críticas de Vox, defendiendo la retribución como necesaria para algunos miembros del Consejo que no cuentan con otra fuente de ingresos. Además, argumentó que las retribuciones podrían destinarse a becas para estudiantes con dificultades económicas.
Desde el PP, la diputada María José Gil subrayó los logros alcanzados durante la tramitación de la ley, destacando su adecuación a la nueva normativa y la importancia de un Consejo Social dinámico que reconozca las necesidades de la universidad y sus estudiantes. También solicitó compromisos adicionales al Gobierno sobre leyes pendientes y la importancia de ajustes en el marco universitario.
El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, celebró la aprobación, marcando a Castilla-La Mancha como la primera comunidad autónoma en modificar la ley según la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Resaltó que entre las novedades se incluye un aumento en el número de miembros del Consejo Social, asegurando un equilibrio de género y nuevos perfiles representativos.
Esta modificación tiene como objetivo optimizar el funcionamiento del Consejo Social, abarcando aspectos como la planificación, gestión académica y económica, y fortaleciendo la transparencia y rendición de cuentas, en el contexto de una universidad que actualmente cuenta con más de 28.000 estudiantes y una diversa oferta educativa.
