El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un paso significativo en la mejora de las políticas sociales y la seguridad jurídica al aprobar en Consejo de Gobierno el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias. Este proyecto está diseñado para fortalecer las iniciativas en educación, cultura, servicios sociales y empleo público, a la vez que busca proporcionar una mayor seguridad jurídica en diversas áreas administrativas.
Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, presentó esta iniciativa en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Fuensalida, en Toledo. Ruíz Molina explicó que la ley, conocida como Ley de Acompañamiento a la Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2025, implica la modificación puntual de doce leyes regionales. Este enfoque busca consolidar todas las modificaciones relevantes en un único texto legal antes de su envío a las Cortes autonómicas para su tramitación parlamentaria.
Entre los principales cambios propuestos, se encuentra la modificación de la Ley de Educación de Castilla-La Mancha, que busca garantizar la gratuidad del transporte escolar para el alumnado de bachillerato en zonas rurales con riesgo de despoblación. Asimismo, se prevé el ajuste de la Ley de Participación Social en la Educación, asegurando que la representación en los consejos escolares corresponda directamente a los padres, madres y alumnos.
En el ámbito de los servicios sociales, la reforma de la Ley de Atención y Protección de la Infancia y la Adolescencia permitirá que los letrados del Gabinete jurídico continúen defendiendo a las personas tuteladas por la Junta una vez que alcancen la mayoría de edad. En lo que respecta al empleo público, se eliminará la restricción que limita la convocatoria de plazas vacantes en el Sescam, lo que facilitará la agilización de los procesos selectivos.
El proyecto también aborda el ámbito cultural mediante la modificación de la Ley de Mecenazgo, que se ampliará para incluir beneficios fiscales para actividades deportivas, indicando un interés en promover la actividad física entre los ciudadanos. Además, se introducen reformas en la normativa del juego, que excluyen ciertos juegos considerados Bien de Interés Cultural y regulan el acceso a los salones de juego mediante tecnologías biométricas.
Por otro lado, la reforma busca mejorar la gestión del patrimonio público y cultural, promoviendo un reparto más equitativo de los ingresos derivados de actuaciones urbanísticas y la inclusión del paisaje cultural como categoría de protección dentro del patrimonio cultural de la región.
Ruiz Molina concluyó que esta ley está orientada a reforzar las políticas sociales y dotar de seguridad jurídica a las acciones de la administración regional, contribuyendo a una gestión más eficaz de los servicios públicos. La tramitación de este proyecto, según el consejero, es posible gracias a la estabilidad política en la región, lo que facilita una amplia actividad legislativa en beneficio de los ciudadanos.
