El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias para 2025, vinculada a los presupuestos regionales. La votación tuvo el respaldo del PSOE, mientras que el Partido Popular y Vox se opusieron. Esta legislación aglutina modificaciones puntuales en doce leyes regionales, consolidando los cambios en un solo texto legal.
Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, expuso una serie de medidas administrativas y financieras que abarcan diversas áreas de la administración regional. Entre las modificaciones más destacadas se encuentra la inclusión de la gratuidad del transporte escolar para estudiantes de bachillerato en zonas rurales con riesgo de despoblación, en un esfuerzo por garantizar la igualdad de oportunidades educativas y aliviar la carga económica para las familias.
Además, se han realizado cambios en la Ley de Participación Social en la Educación asegurando que la representación en los consejos escolares sea ocupada por padres, madres y alumnos, en vez de representantes que no necesariamente cumplen con estas condiciones. En el ámbito de los servicios sociales, se modificará la Ley de Atención y Protección de la Infancia y la Adolescencia para permitir que los letrados continúen defendiendo a los jóvenes tutelados más allá de la mayoría de edad.
El proyecto también introduce mejoras en el empleo público, eliminando restricciones sobre la convocatoria de plazas vacantes en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam). En el área cultural, se ampliarán los incentivos del mecenazgo cultural a actividades deportivas, transformando la Ley de Mecenazgo Cultural en una ley que también abarque el deporte.
Respecto a la legislación sobre el juego, se excluyen ciertos juegos de Bien de Interés Cultural del régimen administrativo y fiscal, y se incorporará el uso de huellas dactilares o reconocimiento facial para acceder a los salones de juego, alineándose con la normativa europea sobre datos biométricos.
Ruiz Molina subrayó la importancia de estas disposiciones, apelando al «sentido común» y solicitando el apoyo de los grupos parlamentarios, afirmando que se trata de una ley fundamental para el desarrollo de las cuentas públicas. En contraste, el portavoz del PP, Santiago Serrano, criticó la ley calificándola de «ómnibus» y manifestando que su contenido es más beneficioso para el gobierno que para los ciudadanos. Asimismo, demandó la inclusión de la carrera profesional sanitaria para los trabajadores del Sescam.
Por su parte, la portavoz del PSOE en las Cortes arremetió contra las enmiendas del PP y Vox, acusándolos de no aportar ideas útiles. Desde Vox, se exigió la prioridad nacional en el acceso a ayudas públicas, argumentando que los españoles deberían tener preferencia sobre los inmigrantes en este ámbito.
El debate concluyó con un llamado por parte de Ruiz Molina a apoyar el proyecto, resaltando que oponerse a él implica estar en contra de mejoras que podrían beneficiarse a la población de Castilla-La Mancha.
