El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha aprobado la distribución de 68.058.000 euros entre las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) con el objetivo de impulsar la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental durante el año 2025. La ministra de Sanidad, Mónica García, afirmó en una rueda de prensa posterior al consejo que «la salud bucodental no puede depender de las condiciones socioeconómicas ni del bolsillo de las familias», enfatizando que se trata de una cuestión de salud, equidad y justicia social.
Esta asignación de fondos se enmarca dentro de una estrategia más amplia para reforzar los servicios públicos de salud bucodental y da continuidad a las acciones iniciadas tras la aprobación en diciembre de 2021 de la ampliación de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud en esta área. Desde entonces, se han destinado más de 180 millones de euros para su implementación progresiva.
El enfoque del plan de ampliación es eminentemente preventivo, priorizando grupos poblacionales que presentan mayor vulnerabilidad. Hasta ahora, los colectivos cubiertos incluían a la población de 0 a 14 años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento, y personas diagnosticadas de cáncer en el territorio cervicofacial. Como novedad para el ejercicio 2025, se incorporará por primera vez la atención específica a las personas mayores de 65 años, un colectivo que, según Sanidad, ha contado con escasa cobertura pública hasta la fecha y presenta una alta prevalencia de enfermedades periodontales asociadas a enfermedades crónicas. Para esta atención se ha reservado un 10 por ciento del total del fondo.
García destacó que «por primera vez la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud incorpora de manera prioritaria a la población mayor de 65 años, que hasta ahora tenía una cobertura muy limitada». Además, subrayó que «la salud bucodental entendemos que tampoco se jubila», refiriéndose a las necesidades de atención de este colectivo.
El 90 por ciento del presupuesto restante se destinará a consolidar la atención a los colectivos ya priorizados, utilizando criterios de reparto basados en datos demográficos actualizados del INE, incidencias clínicas y prevalencia de discapacidad.
Las comunidades autónomas podrán utilizar los fondos para la contratación de personal, la adquisición de equipamiento, la mejora de infraestructuras y otros gastos necesarios para implementar los servicios. Se establece un plazo máximo de tres años para la ejecución de estas medidas a partir de la transferencia efectiva de los fondos, con un control estricto de los compromisos de gasto, cuya primera fase deberá estar concluida antes del 31 de diciembre de 2025.
Asimismo, se implementará un sistema de seguimiento y justificación por parte de las comunidades autónomas e Ingesa, el cual incluirá la remisión de planes de ejecución, cronogramas, memorias de actividad y resultados.
