El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado este jueves la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa, gracias a los votos a favor de PSOE y Partido Popular y en contra de Vox. El vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, presentó esta norma, que ha llegado al pleno para su debate con 16 enmiendas de Vox vivas y tres votos particulares, todo ello rechazado por PP y PSOE. El objetivo, según Martínez Guijarro, es «avanzar hacia una Administración regional más moderna, dinámica, digitalizada y proactiva, además de más cercana a los ciudadanos».
La ley, que se estructura a través de seis títulos, 71 artículos, tres disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y once disposiciones finales, se divide en tres bloques de acción. El primero incluye medidas de simplificación en el procedimiento de tramitación administrativa, reducción de plazos y armonización de informes, así como el establecimiento de silencio estimatorio y el uso de las declaraciones responsables. También introduce la regulación de las unidades administrativas de apoyo, que permitirán asistir a órganos administrativos en momentos puntuales.
El segundo bloque introduce las entidades colaboradoras de la Administración, que serán personas jurídicas autorizadas para realizar funciones de informe y certificación en los procedimientos. Esta medida busca mejorar la eficiencia administrativa, aunque se aclara que no podrán ejercer autoridad.
El tercer bloque regulará la administración digital y la utilización de herramientas tecnológicas, como la Inteligencia Artificial, para garantizar seguridad jurídica tanto a los empleados públicos como a los ciudadanos. Martínez Guijarro concluyó su intervención defendiendo un modelo de administración que confíe más en el administrado, al tiempo que establece garantías.
Los representantes del PSOE han destacado el consenso alcanzado para aprobar la ley, criticando la postura de Vox, que se ha opuesto a las enmiendas. El ponente socialista, Ángel Tomás Godoy, subrayó que la ley dará cumplimiento a una demanda de la ciudadanía y del empresariado, buscando una Administración más ágil y eficaz.
Desde Vox, el diputado Luis Juan Blázquez ha criticado duramente la ley, alegando que no simplifica ni moderniza, y acusando a PSOE y PP de alinear sus intereses. Blázquez ha calificado el proyecto como un «maquillaje legislativo» que encubre una privatización de los servicios públicos. Ha expuesto que la ley «no elimina burocracia» y ha propuesto una auditoría vinculante y transparente para evaluar la eficacia administrativa.
El diputado del Grupo Popular, Santiago Serrano, ha reiterado que su apoyo a la norma no será un cheque en blanco. Ha resaltado cómo el PP ha logrado incluir a los ayuntamientos en el ámbito de aplicación de la ley y ha defendido que las entidades colaboradoras deben ser un apoyo y no un reemplazo de los empleados públicos. Según Serrano, la ley ha mejorado sustancialmente durante el proceso parlamentario, reflejando un ejercicio responsable de oposición.
