La Fiscalía Anticorrupción ha reiterado su posición de que la Audiencia Nacional es el órgano competente para continuar con la investigación del conocido como caso Koldo. Esta afirmación llega como contestación a la pretensión de la Fiscalía Europea de hacerse cargo de la investigación en su totalidad. El representante del Ministerio Público, fiscal Luis Pastor Motta, ha solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que eleve la cuestión ante el Tribunal Supremo para que se pronuncie sobre quién debe llevar las riendas de este caso, que involucra presuntas irregularidades en adquisiciones de mascarillas durante los inicios de la pandemia de COVID-19.
Según Pastor Motta, el análisis de los recursos financieros involucrados revela que una mayoría significativa corresponde a fondos estatales españoles, ascendiendo a 38 millones de euros, frente a los 13.9 millones de euros procedentes de fondos de la Unión Europea. Esta diferenciación de montos subraya, a su juicio, una mayor afectación a los intereses nacionales que a los comunitarios.
La controversia se suma a las disputas previas entre ambas fiscalías sobre quién debe asumir la responsabilidad en determinadas investigaciones, especialmente aquellas que involucran el manejo de fondos europeos. La Fiscalía Europea, establecida en Luxemburgo, solicitó hacerse cargo del caso después de realizar un análisis en el que concluyó que las irregularidades formaban parte de una trama que abarcaba varias comunidades autónomas de España.
Conflicto de competencias
Este escenario de disputa competencial destaca la complejidad de la relación entre la Fiscalía Europea y las instituciones judiciales españolas, en donde no existe una relación de subordinación. Pastor Motta enfatiza que, aunque la competencia de la Fiscalía Europea es clara cuando se ven afectados los intereses financieros de la UE, en este caso particular, los hechos investigados afectan primordialmente a la esfera nacional.
La determinación final sobre quién tendrá la competencia para investigar el caso Koldo recae así en manos del Tribunal Supremo. Esta decisión no solo resolverá el conflicto presente sino que podría sentar un precedente para cómo se dirimen futuras controversias de competencia entre las fiscalías a nivel nacional y europeo, lo que es observado con gran interés por las partes involucradas y la opinión pública.
