La Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (ANSITI) ha calificado como «rotundo fracaso» el proceso de estabilización implementado a raíz de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, diseñada para reducir la temporalidad en el empleo público en España. Según un comunicado de la organización, este proceso no ha logrado resolver el problema persistente de la temporalidad en las administraciones públicas, generando, en cambio, una profunda frustración entre miles de interinos que llevan años en situaciones de inestabilidad laboral.
Lorenzo Campillo, presidente de ANSITI, ha referido que, aunque el propósito de la ley era positivo, su implementación durante cuatro años ha sido insuficiente para disminuir la alarmante tasa de temporalidad, que se sitúa en torno al 40% en diversos sectores públicos. En particular, la Asociación destaca que los resultados obtenidos en la Administración Local han sido «decepcionantes».
El proceso de conversión de puestos interinos a plazas fijas ha sido escaso, dejando a casi la mitad de los interinos en una situación de precariedad laboral y con la incertidumbre de posibles ceses. “Este proceso se presenta más como un parche que perpetúa la inseguridad jurídica y laboral de miles de interinos que desempeñan funciones clave», afirma Campillo.
Además, ANSITI resalta que de los 1,033 candidatos que cumplían criterios de abuso de temporalidad, solo se ofertaron 563 plazas para estabilizar, a pesar de haber recibido más de 400 alegaciones solicitando la inclusión de más puestos. Esto significa que apenas un 54% de los aspirantes lograrán la estabilización, mientras que un alarmante 46% quedará fuera, a pesar de su evidente situación de abuso de temporalidad.
El presidente de ANSITI también subraya que este problema no solo afecta a nivel nacional, sino que contraviene las directrices de la Unión Europea respecto a la temporalidad en el empleo. «En comparación con otros países de la UE, los trabajadores interinos españoles se encuentran en una situación de clara discriminación», señala Campillo, destacando la falta de transposición de la Directiva europea de 1999 en España.
Conscientes de la necesidad de un cambio, ANSITI ha instado al Gobierno a reflexionar sobre los resultados del proceso de estabilización y a prestar atención a las demandas de los interinos. “Es fundamental implementar medidas que aseguren la estabilidad laboral de miles de profesionales que garantizan el funcionamiento de la administración pública”, agrega Campillo.
La organización propone una estabilización efectiva del personal interino de larga duración, incluyendo la conversión de plazas en fijas o indefinidas, lo que permitiría reconocer su antigüedad y experiencia. Además, ANSITI aboga por que los procesos de estabilización valoren adecuadamente la trayectoria de estos trabajadores, y demanda una respuesta sancionadora efectiva para el abuso de temporalidad. Por último, la Asociación solicita una revisión normativa que prevenga futuros abusos en la contratación de personal interino, promoviendo soluciones que permitan la rápida consolidación de plazas para quienes ya están en esta situación.
