La administración se ha visto obligada a extender la moratoria sobre la aplicación de la ley que regula las aplicaciones controladas por adversarios extranjeros como TikTok. En un reciente comunicado desde la Casa Blanca, se anunció que la suspensión de las acciones de cumplimiento bajo la Ley de Protección a los Americanos de Aplicaciones Controladas por Adversarios Extranjeros se prolongará hasta el 17 de septiembre de 2025.
Este nuevo retraso responde a preocupaciones en torno a la seguridad nacional. Según lo estipulado, durante este período de extensión, el Departamento de Justicia no tomará medidas para hacer cumplir la ley ni impondrá sanciones por incumplimiento, lo que incluye la distribución, mantenimiento o actualización de la controvertida aplicación.
La orden ejecutiva, firmada por el presidente, resalta que incluso después de la fecha de caducidad de la moratoria, no habrá acciones penales ni sanciones relacionadas con actividades que hayan ocurrido durante el tiempo de suspensión. Este enfoque busca proteger entidades que puedan haber estado operando bajo la ley antes de la nueva orden, permitiendo así un entorno más estable y predecible para las aplicaciones involucradas.
El fiscal general tiene la responsabilidad de emitir directrices escritas para asegurar la correcta implementación de esta orden y comunicar la ausencia de violaciones a los proveedores de estas aplicaciones. La administración enfatiza que la intención de la ley y su ejecución debería recaer exclusivamente en el gobierno federal, prohibiendo cualquier intento de aplicación por parte de estados o entidades privadas.
Este enfoque ha generado diversas reacciones, considerando el creciente debate sobre la privacidad y la seguridad de los datos en plataformas digitales. La decisión de prorrogar esta protección es un intento de equilibrar los intereses comerciales y la seguridad nacional, en un contexto donde TikTok ha estado bajo un intenso escrutinio.
A medida que se acerca la nueva fecha límite, queda claro que la administración se enfrenta a un complicado laberinto de políticas públicas, donde la regulación de las aplicaciones tecnológicas no solo tiene implicaciones económicas, sino también de seguridad.
Fuente: WhiteHouse.gov
