El Pleno del Senado ha aprobado por unanimidad la proposición de Ley destinada a mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible. Con 259 votos a favor, la norma ha sido oficialmente ratificada por las Cortes Generales, como confirmó el presidente del Senado, Pedro Rollán.
Esta Ley, conocida como Ley ELA, culmina su recorrido parlamentario tras recibir el respaldo unánime en el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 10 de octubre. Su entrada en vigor está prevista para poco después de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Durante el debate que precedió a la votación, se manifestó un consenso notable entre los distintos grupos políticos, quienes elogiaron la aprobación de esta legislación y destacaron la importancia de la unión en torno a una causa tan sensible. Asistieron al debate el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, así como enfermos de ELA, familiares y cuidadores, quienes celebraron la aprobación de la norma.
El momento más conmovedor fue protagonizado por Juan Ramón Amores, senador del PSOE y alcalde de La Roda, quien es enfermo de ELA. Recibió un aplauso generalizado al expresar su «orgullo» por ser la voz de quienes no pueden hablar y por transmitir el sentir de quienes viven limitados por su enfermedad. Amores instó a los senadores a continuar trabajando para garantizar que la ayuda llegue a quienes la necesitan con urgencia.
La norma estipula cambios legislativos para asegurar una mejor calidad de vida, facilitando el reconocimiento de discapacidad y dependencia. A partir de su entrada en vigor, se garantizará atención 24 horas para enfermos avanzados y su condición como consumidores vulnerables, lo que les dará acceso al bono social por ser electrodependientes.
El Gobierno también se comprometió a estudiar posibles ayudas adicionales para personas electrodependientes, tales como la protección en el suministro eléctrico y acceso a bonificaciones en tarifas. Además, la Ley contempla la aceleración de los trámites administrativos para el reconocimiento de discapacidad y un procedimiento de urgencia para revisar grados de discapacidad en estos pacientes.
Se busca también brindar mayor protección a las personas cuidadoras de dependientes con un grado III, considerándolas un colectivo prioritario en políticas de empleo. Finalmente, la Ley promueve la formación de profesionales sanitarios en el manejo de estas enfermedades complejas y establece plazos máximos para la recepción de prestaciones.
