Con la escalada de los conflictos y el cercano colapso del derecho internacional, el mundo está recogiendo una cosecha de consecuencias terribles, ha manifestado Amnistía Internacional con motivo de la presentación, hoy, de su informe anual La situación de los derechos humanos en el mundo, donde se evalúa la situación de los derechos humanos en 155 países.
La organización ha advertido también de la probabilidad de que el colapso del Estado de derecho se acelere con los rápidos avances de la inteligencia artificial, que, sumada al dominio de las grandes empresas tecnológicas, amenaza con una “sobrecarga” de violaciones de derechos humanos si la regulación continúa yendo a la zaga de las innovaciones.
“El informe de Amnistía Internacional presenta un sombrío panorama de alarmante represión de los derechos humanos y frecuente infracción internacional de las normas establecidas, en un contexto de desigualdad global creciente, superpotencias que compiten por la supremacía y agravamiento de la crisis climática”, ha señalado la secretaria general de la organización, Agnès Callamard.
“El flagrante desprecio de Israel por el derecho internacional se ve agravado por la falta de acción de sus aliados para detener la indescriptible masacre de civiles impuesta sobre Gaza. Muchos de esos aliados fueron precisamente los artífices del ordenamiento jurídico creado después de la Segunda Guerra Mundial. Junto con la actual agresión de Rusia a Ucrania, el número creciente de conflictos armados que se desatan y las violaciones masivas de derechos presenciadas en países como Sudán, Etiopía y Myanmar, el orden global basado en normas corre peligro de desmoronarse.”
El desorden, la discriminación y la impunidad en los conflictos y en otros ámbitos se han visto potenciados por el empleo descontrolado de tecnologías nuevas y ya conocidas, que actores militares, políticos y empresariales utilizan ahora como arma de manera habitual. Las plataformas de las grandes empresas tecnológicas han avivado los conflictos. Se utilizan programas informáticos espía y vigilancia masiva para coartar el ejercicio de derechos y libertades fundamentales, mientras los gobiernos despliegan herramientas automatizadas, que van dirigidas contra los grupos más marginados de la sociedad.
“En un mundo cada vez más precario, la proliferación y el despliegue no regulados de tecnologías como la inteligencia artificial generativa, el reconocimiento facial y los programas espía están a punto de convertirse en un peligroso enemigo, con capacidad para intensificar y avivar las violaciones del derecho internacional y los derechos humanos hasta límites excepcionales”, ha manifestado Agnès Callamard.
“Durante un año electoral clave y ante los cada vez más poderosos grupos de presión que, impulsados y financiados por los actores de las grandes empresas tecnológicas, se oponen a la regulación, estos avances tecnológicos descontrolados y no regulados suponen una enorme amenaza para el mundo. Pueden utilizarse como arma para discriminar, desinformar y dividir”.
En los conflictos, la población civil paga el precio más alto mientras los Estados incumplen el derecho internacional
El informe de Amnistía Internacional presenta un crudo examen de la traición a los principios de derechos humanos perpetrada por los líderes e instituciones actuales. Frente a la multiplicación de los conflictos, las acciones de muchos Estados poderosos han perjudicado aún más la credibilidad del multilateralismo y menoscabado el orden global basado en normas que se estableció por primera vez en 1945.
En un conflicto que definió 2023 y que no da signos de remitir, los indicios de crímenes de guerra continúan acumulándose mientras el gobierno israelí se burla del derecho internacional en Gaza. Tras el terrible ataque de Hamás y otros grupos armados del 7 de octubre, las autoridades israelíes respondieron con bombardeos aéreos implacables contra zonas civiles pobladas, que aniquilaron a menudo a familias enteras; obligaron a desplazarse a casi 1,9 millones de personas palestinas, y, a pesar del aumento de la hambruna en Gaza, restringieron el acceso a una ayuda humanitaria que se necesitaba desesperadamente.
El informe de Amnistía Internacional pone de relieve el uso descarado que ha hecho Estados Unidos de su derecho de veto para paralizar durante meses la aprobación de una muy necesaria resolución del Consejo de Seguridad de la ONU a favor de un alto el fuego, mientras continúa armando a Israel con municiones que se han utilizado para cometer actos que probablemente constituyan crímenes de guerra. También destaca lo grotesco que resulta el doble rasero de países europeos como Reino Unido y Alemania, dadas sus fundadas protestas contra crímenes de guerra de Rusia y Hamás, a la vez que apoyan las acciones de las autoridades israelíes y estadounidenses en este conflicto.
“La desconcertante falta de medidas de la comunidad internacional para impedir que se mate a miles de personas civiles —un porcentaje terriblemente alto de ellas, niños y niñas— en la Franja de Gaza ocupada pone claramente de manifiesto que las mismas instituciones establecidas para proteger a la población civil y hacer valer los derechos humanos no cumplen ya su función. Lo sucedido en 2023 confirma que muchos Estados poderosos están apartándose de los valores fundacionales de humanidad y universalidad proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos”, ha añadido Agnès Callamard.
En el informe se documenta también la flagrante infracción de las normas establecidas cometida por las fuerzas rusas durante su persistente invasión a gran escala de Ucrania. Se ponen de relieve los ataques indiscriminados contra zonas civiles densamente pobladas, así como contra infraestructuras de exportación de cereales y energía, y el uso de la tortura y otros malos tratos contra prisioneros de guerra. Todo ello se suma a la enorme contaminación ambiental generada por actos como la destrucción aparentemente deliberada de la presa de Kajovka, que, según la opinión general, fue cometida por las fuerzas rusas.
Las fuerzas armadas y las milicias asociadas de Myanmar también llevaron a cabo ataques contra civiles que, sólo en 2023, se cobraron más de 1.000 vidas. Ni el ejército de Myanmar ni las autoridades rusas se han comprometido a investigar las denuncias de violaciones flagrantes del derecho internacional. Ambos han recibido apoyo económico y militar de China.
En Sudán, las dos partes enfrentadas —las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido— han mostrado poco interés por el derecho internacional humanitario, al llevar a cabo ataques selectivos e indiscriminados que han matado y herido a civiles y al disparar armas explosivas desde barrios densamente poblados que mataron a 12.000 personas en 2023. Esta situación ha provocado la mayor crisis de desplazamiento del mundo, en la que más de 8 millones de personas se han visto obligadas a huir. Sin que se vislumbre aún el final del conflicto, la crisis alimentaria lleva meses atenazando Sudán y amenaza con degenerar en hambruna.
La instrumentalización de la tecnología para generar odio, división y discriminación supone una amenaza en un año electoral clave
Amnistía Internacional ha determinado que actores políticos de muchas partes del mundo están intensificando sus ataques contra las mujeres, las personas LGBTI y las comunidades marginadas que se han utilizado históricamente como chivo expiatorio por motivos políticos o electorales. Para instigar y ayudar a estas fuerzas políticas represivas a propagar la desinformación, enfrentar a unas comunidades con otras y atacar a las minorías se han instrumentalizado cada vez más tecnologías nuevas y ya existentes.
En el informe se señala también el amplio uso que se ha hecho de tecnologías ya existentes para consolidar políticas discriminatorias. Estados como Argentina, Brasil, India y Reino Unido han recurrido cada vez más a las tecnologías de reconocimiento facial para controlar protestas públicas y acontecimientos deportivos y discriminar a comunidades marginadas, en especial a las personas migrantes y refugiadas. Por ejemplo, en respuesta a acciones legales emprendidas por Amnistía Internacional, el Departamento de Policía de Nueva York reveló en 2023 cómo utilizaba la tecnología para someter a vigilancia las protestas de Black Lives Matter en la ciudad.
El uso infame de reconocimiento facial fue más generalizado aún en la Cisjordania de los Territorios Palestinos Ocupados, donde Israel se sirvió de él para endurecer las restricciones de la libertad de circulación y ayudar a mantener el sistema de apartheid.
En Serbia, la implementación de un sistema de bienestar social semiautomatizado dejó a miles de personas sin acceso a asistencia social vital. En particular se vieron afectadas las comunidades romaníes y las personas con discapacidad, lo que demostró hasta qué punto la automatización descontrolada puede exacerbar la desigualdad.
Con millones de personas huyendo de conflictos en el mundo, el informe pone de relieve cómo se confiaron la gobernanza de la migración y el control de fronteras a tecnologías abusivas por medios como el uso de alternativas digitales a la detención, tecnologías de externalización de fronteras, software de datos, técnicas biométricas y sistemas algorítmicos de toma de decisiones. La proliferación de estas tecnologías perpetúa y refuerza la discriminación, el racismo y la vigilancia desproporcionada e ilegal contra las personas racializadas.
Mientras tanto, el uso de programas espía ha permanecido en gran medida sin regular, a pesar de que las violaciones de derechos humanos que permite cometer contra objetivos entre los que suelen figurar activistas en el exilio, periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos son evidentes hace ya mucho tiempo. En 2023, Amnistía Internacional desveló el uso del programa espía Pegasus contra periodistas y activistas de la sociedad civil en países como Armenia, India, República Dominicana y Serbia, a la vez que se vendía libremente software espía de la UE y regulado a Estados de todo el mundo.
Durante el último año, la rápida trayectoria de la inteligencia artificial generativa ha modificado la magnitud de la amenaza que plantea la gama de tecnologías ya existentes, desde los programas espía hasta la automatización del Estado y los algoritmos de huida utilizados en las redes sociales.
Frente a la voracidad de los avances, la regulación se ha quedado en gran medida estancada. No obstante, una señal de que las entidades responsables de las políticas europeas están empezando a tomar medidas ha sido la entrada en vigor, en febrero de 2024, de una histórica Ley de Servicios Digitales para toda la UE. Aunque imperfecta e incompleta, la Ley ha suscitado un muy necesario debate global sobre la regulación de la inteligencia artificial.
“Hay un enorme abismo entre los riesgos del avance descontrolado de las tecnologías y el nivel que tenemos que alcanzar en materia de regulación y protección. Es el futuro que nos espera y no hará más que empeorar si no se limita la proliferación desenfrenada de tecnología no regulada”, ha señalado Agnès Callamard.
Amnistía Internacional reveló cómo los algoritmos de Facebook habían contribuido a generar violencia étnica en Etiopía en el contexto del conflicto armado. Este caso es un buen ejemplo de cómo se instrumentaliza la tecnología para enfrentar a unas comunidades contra otras, especialmente en épocas de inestabilidad.
La organización de derechos humanos prevé que estos problemas se agudicen en un año electoral clave, con el modelo empresarial basado en la vigilancia que subyace en importantes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube sirviendo de catalizador para cometer violaciones de derechos en el contexto de las elecciones.
“Hemos visto cómo el odio, la discriminación y la desinformación son amplificados y propagados por algoritmos de las redes sociales optimizados para maximizar la ‘participación’ por encima de todo lo demás. Crean un ciclo de retroalimentación incesante y peligroso, especialmente en épocas de alta sensibilidad política. Las herramientas pueden generar imágenes, audios y vídeos sintéticos en segundos, así como llegar a grupos específicos de público a escala, pero la regulación electoral tiene todavía que ponerse al día con esta amenaza. Hasta ahora hemos visto hablar mucho pero hacer muy poco”, ha aclarado Agnès Callamard.
En noviembre tendrán lugar las elecciones presidenciales de Estados Unidos en un contexto de discriminación, acoso y abusos crecientes en las plataformas de redes sociales contra comunidades marginadas, como las personas LGBTI. También ha ido en aumento el contenido amenazador e intimidatorio contra el aborto.
Alrededor de mil millones de personas van a votar este año en las elecciones de India en un contexto de ataques contra manifestaciones pacíficas y discriminación sistemática de minorías religiosas. En 2023, Amnistía Internacional reveló que se había utilizado software espía invasivo contra notables periodistas del país, y en general las plataformas tecnológicas se han convertido en campos de batalla políticos.
“En el ámbito político se viene utilizando desde hace mucho la manipulación de discursos basados en el enfrentamiento para conseguir votos y ganarle la partida a quienes plantean preguntas legítimas sobre temores existentes en materia económica y de seguridad. Hemos visto cómo se han utilizado tecnologías no reguladas, como el reconocimiento facial, para consolidar la discriminación. Al mismo tiempo, el modelo empresarial basado en la vigilancia que aplican las grandes empresas tecnológicas no hace sino alimentar la llama del odio, que permite a quienes actúan con mala intención hostigar, deshumanizar y amplificar discursos peligrosos para consolidar el poder o ganar elecciones. Éste es el espeluznante espectro de lo que está por venir a medida que la voracidad de los avances tecnológicos desplace la rendición de cuentas”, ha afirmado Agnès Callamard.
Movilización global sin precedentes
“Hemos visto cómo las acciones de poderosos agentes estatales y no estatales nos precipitan en las profundidades caóticas de un mundo sin normas efectivas, donde la obtención despiadada de beneficios utilizando tecnologías revolucionarias sin gobernanza efectiva se ha convertido en la norma. Pero cuando muchos gobiernos han incumplido el derecho internacional, hemos visto también a otros actores pedir a las instituciones internacionales que apliquen el Estado de derecho. Y cuando líderes de todo el mundo no han defendido los derechos humanos, hemos visto a la gente movilizarse para organizar manifestaciones, protestas y peticiones en demanda de un futuro más esperanzador”, ha explicado Agnès Callamard.
El conflicto entre Israel y Hamás desencadenó centenares de protestas en todo el mundo. La gente pidió un alto el fuego para poner fin al enorme sufrimiento de la población palestina de Gaza, así como la liberación de todas las personas tomadas como rehenes por Hamás y otros grupos armados, bastante antes de que lo hicieran muchos gobiernos. Por otro lado, la población se echó a la calle en Estados Unidos, El Salvador y Polonia para reivindicar el derecho al aborto cuando la reacción contra la justicia de género se hizo sentir. En todo el mundo, miles de personas se sumaron al movimiento juvenil Viernes por el Futuro para pedir el abandono justo y rápido de los combustibles fósiles.
En 2023, el activismo incansable logró también varias victorias importantes en materia de derechos humanos. Tras el trabajo de incidencia llevado a cabo por el movimiento #MeToo y por otras organizaciones de la sociedad civil de Taiwán para poner fin a la violencia sexual en Internet, el gobierno aprobó una reforma de la Ley de Prevención de Delitos de Agresión Sexual.
A pesar de que no hizo lo suficiente, la COP28 acordó emprender “la transición” para dejar atrás los combustibles fósiles; fue la primera vez que se mencionaban éstos en una decisión de la COP. Tras años de activismo, cuatro defensores y defensoras de los derechos humanos del caso de Buyukada —Taner Kılıç, İdil Eser, Özlem Dalkıran y Günal Kurşun, a quienes se había declarado culpables en julio de 2020 por cargos infundados— resultaron finalmente absueltos en Turquía.
Entre muchos otros ejemplos, cabe destacar el del activista afgano por la educación Matiullah Wesa, que fue puesto en libertad en octubre de 2023 tras meses de campaña en su favor. Llevaba casi siete meses en prisión por promover el derecho de las niñas a la educación y criticar la política talibán de prohibirles acudir a centros de enseñanza secundaria.
“El derecho a la protesta es esencial para sacar a la luz los abusos y la responsabilidad de los líderes. La gente ha dejado totalmente claro que quiere derechos humanos; ahora corresponde a los gobiernos mostrar que están escuchando”, ha afirmado Agnès Callamard.
“Dada la sombría situación global, se necesitan medidas urgentes para revitalizar y renovar las instituciones internacionales concebidas para salvaguardar a la humanidad. Deben tomarse medidas para reformar el Consejo de Seguridad de la ONU de manera que los miembros permanentes no puedan ejercer su poder de voto sin control alguno para impedir la protección de civiles y reforzar sus alianzas geopolíticas. Los gobiernos deben tomar también medidas legislativas y reguladoras sólidas para abordar los riesgos y los daños causados por las tecnologías de inteligencia artificial e imponerse a las grandes empresas tecnológicas.
La persistente falta de rendición de cuentas en España y la incertidumbre de los avances legislativos
En España, la principal preocupación de Amnistía Internacional es la persistente falta de rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado.
No hay voluntad política para abrir investigaciones independientes y efectivas sobre graves violaciones de derechos humanos, como las ocurridas en residencias durante la COVID-19, tras el salto de la valla de Melilla en 2022 o tras los abusos policiales a la hora de reprimir algunas manifestaciones. La impunidad ante estos hechos no sólo vulnera los derechos de las víctimas, sino que también envía un mensaje desalentador a la sociedad, perpetuando la falta de rendición de cuentas del Estado y que las víctimas no obtengan justicia y reparación.
En el último año, tampoco ha habido avances que permitan aclarar responsabilidades sobre quién espió mediante el programa Pegasus a al menos 65 periodistas, figuras políticas y miembros de la sociedad catalana; o sobre quién espió con esta misma tecnología al presidente del Gobierno y a los ministros de Interior y Defensa.
La lentitud y el archivo de procesos judiciales relacionados con violaciones de derechos humanos, o el hecho de que no se inicien siquiera, también contribuyen a perpetuar este clima de impunidad. Esto no sólo impide que las víctimas obtengan la justicia y la reparación que merecen, sino que también erosiona el Estado de Derecho.
Además, leyes como la Ley de Secretos Oficiales de 1968, un vestigio del pasado franquista, siguen impidiendo la investigación y el acceso a la justicia en materia de derechos humanos. Esta ley, que clasifica como secreto información de interés público como las armas españolas vendidas a países como Arabia Saudí o Israel, que pueden estar utilizándose para cometer violaciones de derechos humanos, ampara la opacidad y dificulta el esclarecimiento de graves violaciones de derechos humanos, perpetuando la impunidad y la falta de transparencia. Reformarla sería un buen punto de partida para demostrar un compromiso real con los derechos humanos.
Por otra parte, la anterior legislatura trajo avances legislativos importantes en materia de derechos humanos en España. Desde la lucha contra la violencia sexual hasta el reconocimiento de los derechos de las personas trans. Sin embargo, estos logros están empañados por un riesgo real de que estos avances se conviertan en papel mojado si no se toman medidas concretas para su implementación efectiva.
La desigualdad en la implementación de estas leyes, y otras como la Ley de Memoria Democrática, en las comunidades autónomas, genera brechas en la protección de los derechos humanos. Mientras que en algunas comunidades se avanza en la aplicación de las medidas necesarias, en otras se observa una negativa a impulsarlas o incluso se aprueban leyes autonómicas que contradicen los avances logrados a nivel nacional.
Algunos ejemplos de esta disparidad:
- Acceso al aborto: La ley que permite a las adolescentes de 17 y 18 años interrumpir el embarazo sin necesidad de consentimiento parental podría verse limitada en comunidades que dificulten su acceso.
- Derechos de las personas trans: El reconocimiento de los derechos de este colectivo podría verse menoscabado por leyes autonómicas que discriminen o restrinjan su acceso a servicios sanitarios o administrativos.
- Vivienda digna: Las medidas para garantizar el derecho a la vivienda podrían ser ineficaces si no se implementan de manera coordinada entre las administraciones estatales y autonómicas.
Es fundamental que las administraciones, tanto estatales como autonómicas, trabajen juntas para asegurar la implementación efectiva de las leyes que protegen y hacer realidad los derechos humanos. La falta de acción en este sentido podría convertir estos avances legislativos en meras declaraciones de intenciones sin impacto real en la vida de las personas.
