Una delegación de Amnistía Internacional ha acudido este martes al Parlamento navarro para impulsar una declaración institucional entre las fuerzas políticas autonómicas y centrales para continuar dando pasos hacia la verdad, justicia y reparación para las víctimas de ETA, y de otros grupos, como los GAL, así como para las víctimas de tortura y otros malos tratos cometida por fuerzas y cuerpos de seguridad en el contexto de la lucha anti-terrorista.
La organización ha presentado además su informe anual, donde se incluye una valoración sobre el caso Alsasua, asegurando que éste es una muestra sobre cómo se está aplicando la legislación antiterrorista de manera desproporcionada. El director de AI, Esteban Beltrán, ha expuesto también en la Comisión de Relaciones Ciudadanas e Institucionales las preocupaciones que la organización tiene sobre España, como son las restricciones a la libertad de expresión, las políticas de austeridad que están dejando desamparadas a miles de personas y la fracasada gestión de la crisis de personas refugiadas.
Como respuesta, la mayoría de los partidos asistentes a la comparecencia se han comprometido a discutir una agenda común de derechos humanos.
Abordar el pasado
Cuando se cumplen casi seis años y medio desde que ETA anunciara el alto el fuego, Amnistía Internacional ha presentado en Navarra, donde la banda asesinó a 42 de las más de 800 víctimas mortales, el informe “Afrontar el pasado para abordar el futuro”. Con este documento, la organización señala que ha llegado el momento de que tanto las autoridades estatales como las autonómicas aborden el diálogo, con la participación de las víctimas, para asegurar que todas ellas acceden a la verdad, justicia y reparación a la que tienen derecho.
El informe, que fue presentado en el País Vasco el pasado mes de marzo de 2017, señala que aunque se han dado algunas iniciativas, todavía queda mucho por hacer. Entre otras medidas, la organización exige, además de verdad, justicia y reparación para todas las víctimas (tanto de ETA, los GAL y otros grupos armados, como también de las víctimas de tortura en manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad), que haya un reconocimiento público por parte de las autoridades estatales y navarras de que, en el marco de la lucha antiterrorista, ha existido la tortura en España. Además, recuerda que es necesario poner fin al régimen de incomunicación, que propicia la tortura, tal y como han demostrado diversos organismos internacionales, que además han condenado a España hasta en ocho ocasiones desde 2010 por no haber emprendido investigaciones efectivas sobre casos de tortura en régimen de incomunicación, tres de ellos por casos sucedidos en Navarra.
También, durante su intervención, Amnistía Internacional ha resaltado la iniciativa de las autoridades de Navarra de realizar un estudio sobre las torturas similar al que ha realizado el Instituto Vasco de Criminología, en el que también se analizan 292 casos sucedidos en la Comunidad Foral.
El caso Alsasua
Amnistía Internacional ha expuesto ante los parlamentarios asistentes su valoración sobre caso Alsasua, en el que los incidentes que tuvieron lugar en octubre de 2016, que provocaron lesiones a dos Guardias Civiles y sus parejas, han conllevado el procesamiento de ocho personas, que actualmente están acusadas de delitos de terrorismo.
“Por supuesto que reprobamos una acción así y exigimos que se lleve a cabo una investigación independiente e imparcial por la vía penal ordinaria. Pero nos preocupa que, debido a estos cargos, los acusados enfrenten penas de más de 50 años, con cumplimiento efectivo de 25”, ha declarado Esteban Beltrán, director de AI.
La organización reconoce que aunque los Estados tienen la obligación de proteger a todas las personas bajo su jurisdicción de hechos de violencia, incluyendo los ataques terroristas, las medidas antiterroristas que se tomen deben cumplir los estándares internacionales de derechos humanos. No es la primera vez que la organización advierte a las autoridades en España de que la definición demasiado amplia y vaga de los delitos relacionados con el terrorismo, podía tener como consecuencia la criminalización de conductas que no parecen tener naturaleza terrorista. Tampoco las últimas reformas introducidas en el Código Penal han servido para mejorar esta situación, sino más bien todo lo contrario.
“También hemos mostrado nuestra preocupación por el hecho de que tres de las personas detenidas sigan en prisión preventiva”, ha añadido Esteban Beltrán. Por eso, Amnistía Internacional insta a las autoridades competentes a asegurar la legalidad de la detención de las tres personas acusadas que permanecen en prisión provisional de conformidad con el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. “La detención a la espera de juicio debe ser una medida excepcional, únicamente permitida para prevenir el riesgo de huida de la justicia o cuando las personas acusadas entrañen peligro para otras o para la acción de la justicia”.
Sobre el acceso a un juicio justo con las debidas garantías, Amnistía Internacional ha mostrado además su preocupación por el hecho de las autoridades judiciales hayan rechazado, sin haber motivado de manera suficiente su decisión, determinadas pruebas relevantes para las defensas. “El derecho internacional señala que todas las partes que comparecen en un juicio, incluidos los acusados, deben tener acceso a los mismos medios y a plena igualdad de condiciones, y tenemos preocupaciones de que en este caso pudiera no haberse cumplido con ese principio”, señala Beltrán.
Otras asignaturas pendientes
Amnistía Internacional publica, cada año, su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en todo el mundo. El pasado 22 de febrero, la organización publicó el de este año. En el caso de España, tal y como ha señalado Esteban Beltrán durante su intervención, entre las asignaturas pendientes se encuentran la libertad de expresión y de reunión pacífica, como consecuencia de las modificaciones de la Ley Orgánica de la Protección de la Seguridad Ciudadana y del Código Penal, derechos como el acceso a la salud o a una vivienda adecuada, por culpa de unas políticas de austeridad que están dejando desprotegidas a miles de personas, y la situación de las personas refugiadas.
“Las autoridades españolas no pueden mirar hacia otro lado ante la obligación de los Estados de proteger derechos como éstos, que se encuentran en peligro. Alzar la voz, incluso en redes sociales, donde se han disparado las condenas por el delito desproporcionadamente aplicado de “enaltecimiento de terrorismo”, se ha vuelto cada vez más complicado”, ha destacado el director de la organización. “Pero esto no ha acallado las voces, sino que están surgiendo nuevas formas de activismo, que también abarcan las protestas por esas políticas de austeridad, y la denuncia de que quienes huyen de la guerra y la persecución no están encontrando en el Estado español la protección a la que tienen derecho”, añade.
Por otra parte, con respecto a la situación de los derechos humanos en el mundo que ha presentado Amnistía Internacional, la gran mayoría de los partidos asistentes a la Comisión se ha comprometido a pedir a las autoridades turcas la puesta en libertad de Taner, presidente de AI Turquía, detenido desde hace más de ocho meses.
Para más información sobre el informe anual, pincha aquí.
Fuente: https://www.es.amnesty.org
