Amnistía Internacional ha expresado preocupación en una carta remitida al alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, respecto a la decisión de dotar a la Policía Local de armas de electrochoque, conocidas como «táser». La organización ya ha solicitado información de este tipo a otros ayuntamientos como los de Guadalajara, Albacete, Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Seseña, Talavera de la Reina y Fuensalida (Toledo), manteniendo una constante búsqueda de transparencia en la adquisición y uso de estas armas por parte de las fuerzas de seguridad municipales.
En su comunicado, Amnistía Internacional advierte que, pese a no ser consideradas letales, estas armas pueden ocasionar serios daños e incluso la muerte, especialmente en individuos con vulnerabilidades particulares ante este tipo de dispositivos. La organización ha requerido detalles sobre las unidades policiales empleadas, la formación específica que recibirán los agentes para su uso, quién impartirá la capacitación, su duración y si se extenderá a otros grupos además de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
También han solicitado información sobre protocolos y mecanismos de evaluación que garanticen una correcta rendición de cuentas tras el empleo del armamento táser. Amnistía no se opone a la inclusión de estas armas en el arsenal policial, pero sí alerta sobre su manejo y la necesidad de un estricto respeto a los derechos humanos.
La entidad internacional argumenta que el uso de las armas táser debe estar sujeto a los mismos criterios exigentes que regulan las armas de fuego, dados los riesgos que presentan para la integridad física de las personas afectadas. La organización ha documentado casos mortales asociados con el uso de tales dispositivos y subraya la importancia de prohibir su aplicación sobre personas bajo efectos de drogas o medicamentos para trastornos psíquicos, así como evitar el uso directo (drive-stun), dadas las posibles implicaciones de tortura o maltrato.
Amnistía subraya que las armas táser deben restringirse solo a circunstancias donde exista un peligro inminente para la vida o integridad física de los agentes o terceras personas. Además, enfatizan la necesidad de establecer protocolos públicos para su uso y asegurar que los policías reciben una formación adecuada no solo técnica, sino también en derechos humanos para minimizar los riesgos.
Al cierre de esta información, la respuesta del Ayuntamiento de Ciudad Real a la carta enviada el pasado 15 de noviembre no ha sido comunicada públicamente. La expectativa y atención están puestas en la manera en que se abordará esta preocupación en términos de regulación, formación y control del uso de las armas de electrochoque dentro de las políticas de seguridad local.
