Amnistía Internacional ha lanzado una severa crítica hacia las comunidades autónomas en España por su «desidia» en el establecimiento de recursos adecuados para la atención a víctimas de violencia sexual, a pesar de un alarmante aumento en las denuncias. La organización destacó que, de los 52 centros de crisis 24 horas proyectados para estar operativos este año, solo cuatro se encuentran en funcionamiento.
El caso de Castilla-La Mancha es emblemático: aunque ofrece servicios de asistencia coordinada a víctimas de violencia de género, su modelo de atención dista de los estándares de atención integral especializada propuestos por el Consejo de Europa. Según el registro de las autoridades, se ha producido un incremento del 13% en el total de denuncias por delitos contra la libertad sexual en 2022 en comparación con 2021, con un notable aumento del 34% en las denuncias por agresiones con penetración.
Virginia Álvarez, responsable de investigación de Amnistía Internacional España, señaló la importancia de contar con infraestructuras específicas para atender a las víctimas. «El número de denuncias está en aumento, y aunque esto podría reflejar una mayor sensibilización y confianza en el sistema, es paradójico que las víctimas aún no cuenten con los recursos que garantizan una atención adecuada y disponible en todo momento», apunta Álvarez.
A pesar de la entrada en vigor de la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, conocida como la Ley del Solo sí es sí, el despliegue efectivo de las medidas para la protección de las víctimas de violencia sexual sigue sin concretarse. Esto incluye la prometida apertura de centros de atención integral 24 horas, para los que la Comisión Europea ha destinado 83 millones de euros, transferidos a las comunidades autónomas.
Aparte de los centros operativos en Asturias, Cantabria, la Comunidad de Madrid y la ciudad de Madrid, con Navarra en proceso de abrir otro, el objetivo de contar con 52 centros sigue siendo una meta distante. Álvarez añadió que otras comunidades, como Aragón, Canarias, Extremadura, Euskadi, Murcia y La Rioja, han anunciado la apertura de centros, pero estos aún no se hacen realidad.
Amnistía reconoce que algunas comunidades como Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Euskadi, Extremadura y Murcia, ya ofrecen algún grado de asistencia; sin embargo, recalca que la atención ofrecida no cumple con las recomendaciones europeas en cuanto a especialización e integralidad.
Finalmente, Amnistía califica de «lamentable» la prórroga de un año concedida para la apertura de los centros, ya que prolonga el tiempo de espera de las mujeres que han sufrido violencia sexual para recibir una atención adecuada. La organización hace un llamado a las comunidades autónomas para que demuestren urgencia y diligencia en cumplir con su deber de proteger y asistir a las víctimas de manera efectiva.
