La organización Amnistía Internacional ha entregado cerca de 15.000 firmas a la Consejería de Igualdad de Castilla-La Mancha, en un esfuerzo por exigir medidas concretas en apoyo a las víctimas de violencia sexual. La entrega se produce en un momento crucial, ya que queda un plazo de 50 días para la apertura de centros de atención integral de 24 horas, en cumplimiento de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de Libertad Sexual.
La responsable del área de relaciones institucionales de Amnistía Internacional en Castilla-La Mancha, Rafaela Alonso, ha destacado que, a pesar del compromiso de establecer cinco centros de crisis antes de finalizar 2024, sólo se ha inaugurado el de Albacete. Según la organización, todas las comunidades autónomas, incluida Castilla-La Mancha, ya disponen de los recursos necesarios para abrir estos centros, ya que han recibido los 83 millones de euros asignados por la Comisión Europea a través del Gobierno de España.
Alonso subrayó que la falta de apertura de estos centros no se debe a problemas de financiación, sino a una falta de voluntad política. «Que las comunidades autónomas no cumplan con su obligación de atender a las víctimas de violencia sexual, incluso después de haber tenido un año de prórroga para hacerlo, no es un problema de financiación, es un tema de voluntad política», enfatizó.
La situación se agrava con el alarmante aumento de denuncias de violencia sexual en el país, con una violación denunciada cada dos horas. Alonso valoró positivamente los esfuerzos del Ministerio de Igualdad para presionar a las comunidades autónomas y acelerar la creación de estos centros de crisis. Además, manifestó su satisfacción por el anuncio de la ministra, que indica que las comunidades que hayan implementado los centros no tendrán que devolver el dinero invertido.
Sin embargo, la representante de Amnistía Internacional expresó su preocupación por el hecho de que, a pesar de los esfuerzos, las víctimas de violencia sexual siguen sin recibir una atención adecuada en algunas comunidades. «Por un lado, son las víctimas quienes siguen sin recibir la atención que necesitan, y por otro, a partir del 31 de diciembre, los servicios que recibirán estas mujeres variarán dependiendo del lugar donde se cometió la agresión o de donde viva la víctima», advirtió Alonso, resaltando la urgencia de la situación.
