El Trabajo a Distancia o Home Office, ha presentado importantes desafíos en Latinoamérica, pone de manifiesto algunas dificultades estructurales de los países, como tasas de pobreza altas, costos de tecnología significativos, legislación, entre otros.
De acuerdo con el estudio “Teletrabajo, el Nuevo Mundo” realizado por Grupo Adecco en América Latina, es impensable hablar de teletrabajo sin mencionar la accesibilidad y la conectividad. Las agendas digitales en materia de conectividad son relativamente nuevas, en general se concentran en garantizar mejores oportunidades de uso y apropiación de las TIC que aseguren la inclusión social. Sin embargo, ninguna agenda digital se enfoca en la cuestión financiera, las tasas de pobreza en América Latina son altas y los costos de los insumos de tecnología son significativos, al ser mayoritariamente importados para muchos países de la región.
Cifras de la CEPAL señalan que, entre el primer y segundo trimestre de 2020, el tráfico en sitios web y usos de aplicaciones relacionadas con el teletrabajo aumentó 324%, en plataformas como Zoom o Google Meets, sin embargo, en la región, solo 76% de los empleados podría trabajar desde sus casas.
“Como expertos en capital humano, era importante realizar este análisis, comprender la evolución del teletrabajo, la irrupción del Covid-19 y establecer el panorama de esta coyuntura en la región, para seguir impulsando en la industria mejoras a las condiciones laborales”, señaló Francisco Martínez Domene, Director General de Grupo Adecco México.
De acuerdo con el estudio regional, el rol de los gobiernos resulta crucial para ofrecer con celeridad respuestas, reforzando el papel del Estado y actuando en consonancia con aquellos actores clave cuya actividad naturalmente dinamiza el mercado de trabajo, los empleadores y especialmente las agencias de empleo o colocación. Si en cada crisis subyace una oportunidad, la de hoy, consiste en consolidar un nuevo esquema de empleabilidad funcional a las necesidades de nuestra época.
En el caso de México, el análisis destaca que si bien, la Ley Federal del Trabajo (LFT) cuenta con un capítulo que regula y promueve el teletrabajo, la crisis sanitaria empujó que el Senado de la República aprobara modificar el artículo 311 de la LFT e incorporar un nuevo capítulo para definir el teletrabajo —también llamado home office—, así como las obligaciones y derechos de colaboradores y empleadores.
La intención de la reforma, de acuerdo con el dictamen, es regular y promover el teletrabajo, como un instrumento de generación de empleo y autoempleo mediante la utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Sin embargo, el estudio también encontró que en México, aún hay una importante brecha tecnológica, ya que si bien, ha incrementado la población usuaria de Internet, pasó de 57.4% en 2015 a 70.1% en el año 2019, no se ha logrado reducir la diferencia digital entre los asentamientos urbanos y rurales, ni entre los estratos socioeconómicos.
El documento “Teletrabajo, el Nuevo Mundo”, agrega que las normas internacionales del trabajo no abordan específicamente la cuestión del teletrabajo o trabajo desde el hogar; y las muchas empresas e instituciones públicas que en el contexto de la pandemia recurrieron a esta modalidad, como medio para evitar la propagación del virus, así como la serie de países que adoptaron legislación sobre esta cuestión, tomaron la delantera y se antepusieron al organismo internacional. Es decir, no existe una definición común, la terminología varía según el país.
Por su parte, la CEPAL señala que los servicios profesionales, científicos y técnicos, tienen 85% más de probabilidad de teletrabajar, seguido de la educación con 62%; finanzas y seguros, 80%; bienes raíces, 60% y en quinto lugar, los medios de comunicación con 53%. En cuanto a las actividades económicas con menor probabilidad de teletrabajar se encuentra en primer lugar, la agricultura, ganadería y pesca, con menos de 1%; seguido de alojamiento y comida, 4%; construcción, 4%; industria manufacturera, 8% y minería con 12%.
“El mundo laboral ya era dinámico y cambiante antes del Covid 19, y si bien la región se ha enfrentado a importantes desafíos, la pandemia precipitó nuevas formas de ver lo que significa el trabajo, en todas sus formas: a tiempo completo, contratos indefinidos, o empleo a tiempo parcial hasta trabajo flexible, el teletrabajo o incluso el trabajo no remunerado o de voluntariado, que contribuye a creación de valor social” agregó Martínez Domene.
Finalmente, el estudio del Grupo señala que la actual coyuntura ha puesto de manifiesto, la necesidad de un nuevo contrato social de trabajo entre gobiernos, gremios, empresas, trabajadores, organizaciones e interlocutores sociales. Indica que es fundamental consolidar un nuevo contrato basado en la multiplicidad de formas de contratación y trabajo -con especial énfasis en el trabajo remoto o a través de plataformas que hoy refuerza su centralidad- que logre conciliar las visiones del sector empleador, el de intermediación del empleo, los trabajadores y el gobierno mismo. Para lograr lo anterior, se requiere diálogo, innovación y cooperación, concluye el documento.
