El Gobierno de Castilla-La Mancha, dirigido por Emiliano García-Page, ha anunciado su compromiso para reforzar la educación superior pública en la región, mediante la implementación de la Ley de Universidades que tiene previsto entrar en vigor para el curso académico 2025-2026. Esta decisión ha sido comunicada por la consejera Portavoz, Esther Padilla, quien ha subrayado la intención del Ejecutivo de desarrollar una normativa que será fruto del consenso y diálogo entre las partes interesadas, incluyendo al alumnado, el profesorado y los rectores de instituciones académicas como la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Según ha explicado Padilla durante su intervención, la administración regional «defiende un modelo de universidad pública y de calidad», percibiéndolo como esencial para el avance del saber y como pilar fundamental en la garantía de la igualdad de oportunidades en la educación superior. Además, la nueva ley especificará la relación entre las instituciones universitarias públicas y la Administración, así como los detalles de la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
Padilla ha expresado una marcada preocupación por la proliferación de universidades privadas en otras comunidades autónomas de España, enfatizando que tanto el sistema educativo como el sanitario no deberían estar influenciados por criterios meramente económicos. Procedió entonces a ejemplificar su postura con la situación de la región de Andalucía, donde, dijo ella, la oferta de universidades privadas se ha intensificado a pesar de las críticas sobre la calidad y transparencia de estas instituciones. Tampoco ha escapado de sus comentarios la fijación de acusaciones de desigualdad de trato hacia las instituciones públicas andaluzas y los vetos que han sufrido sus rectores por parte de la Junta de Andalucía.
La portavoz también ha criticado a la Comunidad de Madrid por continuar con la tramitación de nuevos centros universitarios privados, aumentando el total en la región a 17, mientras que las universidades públicas se han mantenido sin aumento desde hace casi tres décadas. Por otra parte, se ha referido a la Comunidad Valenciana como otro ejemplo donde, según ella, la derecha ha favorecido a las universidades privadas en detrimento de las públicas mediante recortes de ayudas financieras.
Para concluir, Esther Padilla ha asegurado que «nada de esto va a pasar en Castilla-La Mancha», reafirmando el compromiso del Gobierno regional con la universidad pública y su convicción de que la educación superior debe ser considerada un derecho accesible para todos, y no un privilegio para unos pocos.
