En 2012, Sebastian Kurz, por entonces líder de las Juventudes del Partido Popular Austríaco (ÖVP) y futuro canciller de Austria, lanzó una propuesta revolucionaria en materia fiscal: permitir a los contribuyentes decidir el destino del 10% de su impuesto sobre la renta, eligiendo entre áreas como la educación, infraestructura o servicios sociales. Aunque la idea no llegó a materializarse, catalizó un debate profundo sobre la autonomía del contribuyente y la asignación de recursos públicos en Europa.
La discusión se extiende a través del continente, donde la configuración de la «declaración de la renta» varía significativamente de un país a otro. En España, por ejemplo, el contribuyente puede asignar el 0,7% de su impuesto a la Iglesia Católica, a fines sociales o al estado, un sistema que se asemeja más al modelo italiano que al alemán o al austriaco. En Italia, no solo es posible destinar un 0,8% del IRPF a una confesión religiosa, sino también un 0,5% a fines sociales y un 0,2% a partidos políticos, sin que ello suponga un aumento de la carga tributaria. La pluralidad de opciones en Italia incluye diversas confesiones religiosas, aunque los musulmanes, que constituyen el 4,9% de la población, no se encuentran representados en esta asignación.
Alemania, por otro lado, impone un «impuesto eclesiástico» de entre el 8% y el 9% sobre la renta a los miembros de ciertas comunidades religiosas reconocidas por los Estados federales, independientemente de su nacionalidad o práctica activa, pudiendo resultar en multas para aquellos que no declaren su fe correctamente. Este impuesto también se aplica en otros países nórdicos como Dinamarca, bajo distintos modelos.
Más allá de la religión, Finlandia, Suecia y Dinamarca han adoptado un impuesto dedicado a financiar la radiodifusión pública, calculado sobre los ingresos netos de los contribuyentes, demostrando otra perspectiva en la asignación tributaria.
Con un enfoque diferente, Rumanía ofrece la posibilidad de destinar un 3,5% del IRPF a ONGs, organizaciones religiosas o becas privadas, lo que supone un importante apoyo para los medios independientes y otras iniciativas civiles. Sin embargo, en Bulgaria, los ciudadanos no gozan de esta facultad, lo que representa un desafío para la sostenibilidad financiera de las ONG en el país.
En el extremo de la facilidad y rapidez se encuentra Estonia, donde la declaración de la renta se lleva a cabo en pocos minutos a través de dispositivos móviles, permitiendo a los contribuyentes revisar y confirmar su declaración casi instantáneamente, y recibir devoluciones en un plazo de 48 horas en los casos aplicables.
La iniciativa de Kurz en 2012, aunque no se implementó, sirvió para poner en relieve las singularidades de los sistemas fiscales europeos y la variedad de enfoques en cuanto a la asignación de los impuestos de los ciudadanos, lo que refleja las diferencias culturales, políticas y sociales de cada país.
