La reciente decisión de Keir Starmer, tras su victoria electoral de 2024, ha marcado un giro drástico en la política migratoria del Reino Unido. En lugar de continuar con el controvertido plan del gobierno conservador de enviar solicitantes de asilo a Ruanda, su administración ahora se inspira en el rígido modelo danés. Este enfoque, que prohíbe la entrada a países que se resisten a readmitir inmigrantes irregulares, se acompaña de cambios legales para limitar la eficacia del Convenio Europeo de Derechos Humanos, planteando un camino más restrictivo que deja a muchos en la comunidad inmigrante nerviosos por su futuro.
La titular de Interior, Shabana Mahmood, ha defendido que este nuevo paquete migratorio es necesario para recuperar la confianza pública, argumentando que el sistema actual es «obsoleto». Las reformas proponen otorgar estatus de asilo temporal, acompañado de revisiones cada dos años y medio, lo que aumentaría el riesgo de deportaciones. A pesar de la ausencia de elecciones inminentes, el ambiente político se siente presionado por la figura de Nigel Farage, cuyo ascenso ha empujado a Starmer hacia posturas más severas ante las crecientes preocupaciones sobre la inmigración.
Con más de 400,000 solicitudes de asilo en los últimos años, el tema se vuelve cada vez más relevante y complejo. Activistas y analistas advierten que un enfoque demasiado duro podría no solo vulnerar los derechos humanos, sino también resentir la reputación internacional del Reino Unido. Mientras el gobierno busca equilibrar las demandas de seguridad con las consideraciones humanitarias, los paralelismos con el contexto del Brexit son inevitables, dejando entrever un futuro incierto para todos aquellos que buscan refugio en el país.
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