En una decisión histórica, el Poder Judicial de Perú ha sentenciado al expresidente Alejandro Toledo a una condena de 20 años y seis meses de prisión. Esta condena se le ha impuesto tras ser hallado culpable de colusión y blanqueo de dinero, ligado al caso ‘Interoceánica Sur’, específicamente en los tramos II y III que vinculan a Perú con Brasil. Toledo, quien dirigió el país entre 2001 y 2006, enfrenta ahora un largo período tras las rejas por actos que han sido calificados como contrarios a la ética y la legalidad durante su gestión gubernamental.
De acuerdo con el veredicto, Toledo se confabuló con particulares y empresas, incluyendo la gigante brasileña Odebrecht, para asignar de manera ilícita la licitación de la construcción de la carretera Interoceánica en sus tramos 2 y 3, a cambio de un soborno que ascendería a los 35 millones de dólares. Este acto de corrupción, dice el fallo, causó un considerable perjuicio económico al Estado peruano, evidenciando una grave vulneración a los principios de transparencia y competencia leal.
La magistrada Inés Roja Contreras, quien presidió la sala durante el anuncio de la sentencia en el penal de Barbadillo donde Toledo se encuentra recluido, desglosó la condena en nueve años por colusión y once años y seis meses por lavado de activos. Además, decretó una indemnización por reparación civil millonaria en soles y dólares, así como una inhabilitación para ocupar cargos públicos por el periodo de tres años.
El proceso contó con la participación de casi 120 testigos y la verificación de más de mil pruebas documentales. En sus últimas palabras antes del veredicto, Toledo, de 78 años, reiteró su inocencia y apeló a su estado de salud, solicitando pasar en casa el tiempo que le resta de vida, dada su condición de salud marcada por el cáncer y problemas cardíacos.
Sin embargo, más allá de sus alegatos personales, el Poder Judicial priorizó los hechos y las evidencias presentadas durante el juicio, subrayando la responsabilidad de Toledo como máximo representante del Estado en ese momento, destacando su deber de actuar con imparcialidad y proteger los intereses patrimoniales de la administración pública.
Frente a esta sentencia, el abogado de Toledo, Roberto Su, ha anunciado su intención de apelar la decisión, argumentando errores en el procedimiento y en el fallo emitido por el Poder Judicial, manteniendo la esperanza de que en una instancia superior se pueda revisar, analizar y eventualmente revertir la condena impuesta.
Este fallo se suma a una serie de casos de corrupción en América Latina vinculados a la empresa Odebrecht, poniendo de manifiesto los profundos desafíos que enfrenta la región en su lucha contra la impunidad y la corrupción en los más altos niveles de gobierno. La condena de Toledo no solo reafirma el compromiso del sistema judicial peruano con la justicia y el estado de derecho, sino que también envía un mensaje claro sobre las consecuencias que enfrentan aquellos que abusan de su poder en detrimento del bienestar público.
