En una decisión histórica, España ha logrado un acuerdo clave con la OTAN que le permitirá evitar cumplir con el requisito de gasto en defensa del 5% del PIB, una cifra impuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este logro es resultado de intensas negociaciones, tras las cuales el Gobierno español ha recibido la aprobación de la Alianza Atlántica para no alcanzar dicha meta.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha formalizado este acuerdo mediante una carta al Ejecutivo español, reconociendo que España ha propuesto un esquema de gasto más moderado del 3,5% en defensa directa y un 1,5% en otras partidas relacionadas con la seguridad, totalizando un 5% pero distribuido de manera diferente a lo que originalmente se demandaba. A través de esta carta, Rutte ha asegurado que el acuerdo permitirá a España seguir una ruta soberana en el cumplimiento de los Objetivos de Capacidad, incluyendo los recursos anuales necesarios calculados como un porcentaje del PIB, con una revisión prevista para el año 2029.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la posición de España en una rueda de prensa, destacando que las exigencias originales no eran viables dados los desafíos y la complejidad del contexto geopolítico actual. Sánchez ha subrayado que la OTAN se fundamenta en la contribución de capacidades más que en el cumplimiento de metas de gasto estrictas. Siguiendo esta lógica, España ha estimado que necesita destinar un 2,1% de su PIB para satisfacer las necesidades solicitadas por la OTAN.
Este acuerdo se anticipa a la Cumbre de la OTAN programada para celebrarse en La Haya, la cual había despertado expectativas de tensión debido a la firme postura de España contra el incremento del gasto hasta el 5% exigido por Estados Unidos. La negativa de España a alcanzar este umbral ha sido fundamentada en no solo en el deseo de preservar el gasto en servicios públicos, sino también en argumentos sólidos sobre eficiencia, autonomía estratégica y equidad dentro de la Alianza.
La decisión de España, respaldada por la OTAN, marca un precedente significativo en las relaciones dentro de la Alianza y, potencialmente, podría abrir la puerta a futuras negociaciones sobre contribuciones y capacidades de defensa entre los miembros del pacto. Este acuerdo simboliza un equilibrio entre las obligaciones de defensa y la soberanía nacional, permitiendo a España trazar su propio camino en materia de seguridad y defensa en un periodo de incertidumbre global.
