Varios alcaldes y munícipes del Partido Popular en la comarca de Torrijos, Toledo, han intensificado sus demandas ante la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, liderada por Milagros Tolón. Este grupo de representantes locales ha presentado un manifiesto solicitando la elevación del cuartel de la Benemérita de Torrijos a la categoría de cuartel principal, una medida que, según sus cálculos, podría incrementar la dotación de hasta 70 agentes en la zona. Este aumento en el número de efectivos se justifica por los crecientes problemas de seguridad ciudadana que, según el PP, afectan al entorno.
Soledad de Frutos, alcaldesa de La Puebla de Montalbán y portavoz del grupo, subrayó que los sindicatos mayoritarios de la Guardia Civil han advertido que “la tasa de reposición a nivel nacional está lejos de cubrirse”, con una escasez estimada de unos 17.000 agentes. La solicitud de convertir el puesto de Torrijos en principal no es nueva, ya que los ediles han insistido en ella durante los últimos diez años, argumentando que esta medida permitiría que un mayor número de patrullas pudiera ofrecer cobertura de seguridad a las localidades de la comarca.
La situación ha llegado a un punto crítico, según De Frutos, quien declaró: “Es un grito devastador, hemos estado mucho tiempo exigiendo más seguridad tras una oleada de robos y violencia. Pero seguimos sin tener respuesta y creo que es un momento en el que la seguridad ciudadana tiene que primar. Nuestros vecinos ya nos están exigiendo que se tome cartas en el asunto”. En este sentido, la edil anunció que, de no recibir una respuesta adecuada por parte de la delegada del Gobierno, intensificarán sus reclamaciones, dejando claro que están dispuestos a colaborar en la búsqueda de soluciones.
El manifiesto, leído ante la sede provisional de la Delegación del Gobierno en Toledo, enfatiza la necesidad de ayuda debido al “aumento exponencial de los índices de delincuencia” en la zona. Señala la carta que la población local se siente invadida por una “sensación de miedo, inseguridad y desamparo”, lo que ha llevado a los representantes a solicitar formalmente que el órgano encargado de las competencias en materia de seguridad tome medidas que permitan revertir una situación que se percibe cada vez más insostenible.
