En un giro inesperado y serio hacia los asuntos de violencia de género en la política argentina, el expresidente Alberto Fernández ha sido formalmente imputado por el presunto delito de lesiones graves y amenazas coactivas contra la ex primera dama Fabiola Yáñez. La acusación proviene del fiscal federal Ramiro González, quien dirige la investigación surgida a raíz de una denuncia presentada por Yáñez, en la que alega haber sido víctima de violencia machista por parte de Fernández.
Esta imputación se fundamenta en pruebas recolectadas, entre ellas fotografías y conversaciones halladas en el teléfono de la secretaria de Fernández, las cuales surgieron durante una investigación separada sobre corrupción en la contratación pública. Dichos elementos han sido considerados suficientes para establecer una acusación formal, exponiendo así una trama de hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas dentro de un marco que la Fiscalía ha descrito como violencia de género e intrafamiliar, con una desigualdad de poder exacerbada por el ascenso de Fernández a la presidencia en 2019.
El fiscal González no solo se refiere a agresiones físicas documentadas en fotografías enviadas a terceros por Yáñez sino que también menciona una coerción hacia Yáñez para abortar en 2016, presentando el hecho como algo que dejó en la víctima un daño psíquico irreparable. Además, se destacan incidentes específicos de violencia que ocurrieron durante el mandato de Fernández, incluidos ataques físicos y amenazas que, según informes, resultaron en lesiones documentadas.
El caso se complica con lo que parece ser un encubrimiento o, al menos, una falta de acción por parte de figuras dentro del círculo de Fernández y del gobierno anterior. Yáñez habría buscado apoyo, incluyendo a Ayelén Mazzina, entonces titular del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, así como a su propio abogado, quien le sugirió no proceder con la denuncia. Estas acusaciones no solo arrojan luz sobre los supuestos malos tratos sufridos por Yáñez sino que también cuestionan el papel y la responsabilidad de las instituciones y funcionarios involucrados.
El caso ha sacudido al ámbito político y social de Argentina, un país que ha visto en años recientes un crecimiento significativo del movimiento feminista y que ha estado a la vanguardia de las discusiones legislativas sobre los derechos de las mujeres en Latinoamérica. La imputación de Fernández promete reavivar el debate sobre la violencia de género en los niveles más altos de poder, y cómo las dinámicas de poder pueden influir en las respuestas institucionales a tales denuncias.
La situación para Fernández se complica aún más con la decisión del fiscal de abrir una investigación separada sobre la inacción ante las denuncias de Yáñez, lo que podría tener implicaciones legales para otros además del expresidente. Mientras el caso continúa desarrollándose y atrayendo atención tanto nacional como internacional, las acusaciones contra Fernández seguramente estimularán importantes reflexiones sobre la justicia, el poder y la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género en Argentina.
