La Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) Ciudad Real puso negro sobre blanco una lista de reivindicaciones concretas para combatir el impacto económico, social y laboral de la pandemia provocada por la propagación del COVID-19 en el tejido empresarial. Se trata de una batería de medidas que, tal y como explica su presidenta, Cristina Tirado, parten de la misma premisa: “Sin salud no hay negocio”. El informe con las recomendaciones se ha hecho llegar ya a diputados nacionales que se han puesto en contacto con la asociación para conocer su postura ante la crisis sanitaria, agentes sociales y otras asociaciones empresariales.
AJE Ciudad Real advierte, como punto de partida, que la suspensión de toda actividad empresarial no esencial debería haberse aplicado “desde el principio” para que las pymes pudieran haberse acogido a la aplicación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor y con ello evitar la situación de incertidumbre generada. “Necesitamos acciones contundentes para frenar la propagación de la epidemia, ya que el primer objetivo es frenar los contagios en el menor tiempo posible, por eso nuestra actividad empresarial debe ser secundaria y no nociva para el primer objetivo común que es la salud”, apunta Tirado, que resalta que los empresarios deben ser parte “esencial e indiscutible” de la solución para que el país vuelva de nuevo a rodar.
En este sentido, y en el marco de la situación actual, el equipo de analistas y asesores de AJE Ciudad Real, en donde están Javier Arreaza y Jorge Narváez, miembros de la Junta Directiva de la asociación, elaboró un informe donde especifican punto por punto cuáles son las medidas óptimas para la continuidad de los negocios y de la continuidad de los puestos de trabajo.
Entre las propuestas, y en el caso concreto de los ERTE, se propone otorgar la misma regulación para los ERTE ETOP (causas económicas, técnicas, organizativas o productivas) que para los casos de Fuerza Mayor. AJE entiende y recomienda, como medida paliativa, establecer un tipo reducido del 15% para las sociedades afectadas por el COVID-19 en el primer ejercicio que su base imponible sea positiva y en el siguiente; al igual que se hace ahora para las empresas de nueva creación. De la misma manera, se pide vincular las subidas del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) exclusivamente al IPC para los tres próximos ejercicios y no condicionar los ERTES al mantenimiento de empleo, tal y como se establece en la actualidad, “ya que el mantenimiento de los mismos tiene que suponer un estímulo para la empresa y no un castigo que pueda acarrear incluso la devolución de prestaciones cobradas por sus trabajadores”, apuntan los expertos.
Desde AJE recomiendan también bonificar el 50% de la cuota del impuesto de sociedades condicionada a la reinversión del beneficio y al mantenimiento del empleo, al igual que se produce cuando una empresa se acoge a algún plan de bonificación laboral en la contratación y mantenimiento del mismo. Se propone también la suspensión de liquidaciones y autoliquidaciones hasta que se levante el estado de alarma, siendo lo más acertado, dicen en el informe, la unificación con las correspondientes al segundo trimestre del año, permitiendo el aplazamiento de las mismas a 12 meses sin interés y elevando el límite 100.000 euros.
El documento elaborado por AJE también recoge la suspensión de las deudas bancarias mientras dure el estado de alarma y hasta tres meses posteriores, diluyendo el pago de las cuotas de este periodo en el total de años pendientes; así como la duración de la tarifa plana para autónomos y la condonación de las cuotas durante el periodo del estado de alarma y las posteriores, para aquellos que se puedan ver afectados por las restricciones venideras. En este capítulo, se reclama igualmente la exención del IAE para las empresas afectadas por el estado de alarma durante los dos próximos ejercicios, así como líneas de ayuda para todas aquellas empresas que se comprometan a mantener y generar empleo.
Arrendamiento
El informe aborda la necesidad de una serie de medidas de estímulo a corto, medio y largo plazo con eje en la supervivencia del negocio y relacionadas con la condonación del arrendamiento a profesionales, empresas y autónomos que se vean afectados por la crisis sanitaria. En el corto plazo, se propone anular de manera inmediata el pago del arrendamiento sin tener que compensarse por ningún motivo con carácter retroactivo desde el día que se estableció el estado de alarma, hasta el día que se levante. Es decir, al arrendador tendría que condonar obligatoriamente el pago de ese tiempo del coste de arredndamiento, “al no poder destinarse el local y o u oficina al destino pactado en el contrato de arrendamiento fijado entre las partes y haberse establecido un destino de cierre temporal fijado por el RD y por tanto distinto al fin convenido entre ambas partes”.
En esta misma sintonía, AJE plantea una moratoria obligatorio de un 30% del coste del arrendamiento desde el día que se levante el estado de alarma hasta el mes de diciembre de 2020. Estas cantidades adeudadas al arrendador se abonarían en los 12 meses del año 2021 de forma proporcional, sumadas a la cuota de arrendamiento para solucionar el bajo arranque de ingresos que tendrá cualquiera de los negocios afectados y para limitar un cierre definitivo antes de que termine 2020 por un posible mal inicio de la actividad empresarial.
En este sentido, los expertos de la asociación plantean la creación de un fondo de urgencia a las empresas para disponer del dinero para pagar el abono del arrendamiento durante el año que dure la relación arrendaticia y renovarlo año a año de acuerdo a las condiciones de ambas partes.
“Con estas medidas a corto y medio plazo, buscamos la supervivencia a futuro de los negocios y, por lo tanto, el mantenimiento del empleo que produce un autónomo y pyme, mientras dure la relación de arrendamiento con los límites establecidos”, afirma la presidenta de AJE, Cristina Tirado, que espera que estas medidas sean atendidas por las administraciones competentes y que vean en AJE un interlocutor necesario por su conocimiento del tejido empresarial, formado al 85% por micropymes.
