La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha empeorado las previsiones de saldo para Castilla-La Mancha de cara al 2024, estimando ahora que la región registrará un déficit del 0,4% de su Producto Interno Bruto (PIB). Este dato supone un cambio respecto a las estimaciones que indicaban la posibilidad de alcanzar un superávit del 0,2% del PIB si se cumplía la regla de gasto.
Según el informe divulgado por la AIReF este miércoles, existe un riesgo continuado de que Castilla-La Mancha no cumpla con la normativa de gasto, lo que podría traducirse en un incremento del gasto computable en más de un 6%. Este aumento excede ampliamente el límite del 2,6% vigente para este año, poniendo en entredicho el cumplimiento de la recomendación específica dictada por el Consejo Europeo para 2024.
No obstante, el organismo de control fiscal prevé una ligera mejora en la ratio deuda/PIB de Castilla-La Mancha, que pasará de un 31,9% en 2023 a un 31,4% al cierre de 2024. Esta proyección responde al crecimiento económico esperado que, aunque sirve para compensar en parte la financiación del déficit del año anterior, también refleja una mejora ligera en comparación con informes previos.
Adicionalmente, la AIReF proyecta que la ratio de deuda sobre ingresos corrientes de la Comunidad Autónoma disminuirá en 2024, impulsada por el aumento esperado de los recursos provistos por el sistema de financiación autonómica.
Ante estos hallazgos, la AIReF ha instado al Ministerio de Hacienda a activar las medidas preventivas establecidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). El artículo 19 de dicha ley establece que, al identificar un riesgo de incumplimiento de los objetivos fiscales o la regla de gasto, el Gobierno debe emitir una advertencia argumentada a la Administración concerniente y notificar al Consejo de Política Fiscal y Financiera. La comunidad autónoma involucrada tendría entonces un mes para implementar las acciones correctivas necesarias y comunicarlas al Ministerio.
Este escenario refuerza la necesidad de una gestión financiera prudente y podría requerir la implementación de medidas ajustadas para asegurar la sostenibilidad fiscal de Castilla-La Mancha a medio y largo plazo.
