El Grupo Municipal Aike ha anunciado su intención de presentar una enmienda a la totalidad, así como enmiendas parciales, con respecto a la nueva Ordenanza de Estacionamiento Limitado y Controlado de Vehículos que ha sido redactada por el equipo de Gobierno, compuesto por el PP y Vox. Esta ordenanza está programada para ser debatida en el pleno que se celebrará el próximo viernes. Entre las peticiones que realizará Aike se encuentra la solicitud de que la zona roja se mantenga en su estado actual y la propuesta de ampliar en media hora la gratuidad en estas áreas, pasando de 14:00 a 16:30 horas la franja horaria sin coste.
La portavoz del grupo y única concejal de Aike en el Ayuntamiento de Guadalajara, Susana Martínez, acompañada de su compañero Jorge Riendas, ha manifestado que continuarán insistiendo durante la sesión plenaria, ya que tras la reciente comisión de la Junta de Gobierno no han observado mejoras en las propuestas. Aunque el grupo se muestra «medianamente satisfecho» por la aceptación de algunas de sus enmiendas, han destacado la necesidad de «evolucionar» en este proceso y han animado a los residentes del centro de Guadalajara, que podrían verse afectados por el nuevo reglamento, a presentar alegaciones, argumentando que la modificación «mermará sus derechos».
Asimismo, Aike, junto al Grupo Socialista, solicitará que la zona roja mantenga su actual regulación, como es habitual en la mayoría de las ciudades. Martínez ha recordado que la ordenanza en cuestión, planteada por el Gobierno local, inicialmente aumentaba el número de plazas de zona azul hasta 2,600 y extendía los horarios, alterando el uso de la zona roja y generando un impacto negativo en los residentes de la zona.
Desde la perspectiva de Aike, esta normativa presenta un «afán claramente recaudatorio» que, según argumentan, no mejorará ni la movilidad en la ciudad ni las condiciones de uso para los vecinos. Martínez ha señalado que el equipo de Gobierno ha tenido que «autocorregirse y recular» en varias instancias, lo que, para ella, refleja una confusión hacia la población y representa «una irresponsabilidad y una falta de rigor en la gestión de lo público y de respeto a la ciudadanía». Concluyó subrayando que las decisiones adoptadas están más orientadas a la recaudación que a beneficiar a la ciudad y sus habitantes.
