Más de un centenar de agricultores de diversas localidades de la provincia de Guadalajara se han congregado este jueves 12 de junio frente a la Subdelegación del Gobierno en la capital para manifestar su descontento y dar visibilidad a la «crítica de ruina» que afecta al sector cerealista de la región. Esta situación, según las organizaciones agrarias APAG, UPA y COAG, es el resultado de factores «exclusivamente políticos».
Con esta movilización, los agricultores han pretendido hacer oír sus voces mediante la entrega de un escrito con sus demandas al Subdelegado y la descarga de un remolque con más de 1.000 kilos de avena, simbolizando su protesta por los precios del cereal. Los manifestantes han mostrado pancartas con mensajes como «Defendemos nuestro campo, defendemos nuestros cereales», y otras que denuncian las «importaciones sin control» que, según ellos, están llevando al sector a la ruina.
Juan José Laso, presidente de APAG, ha destacado la importancia del sector cerealista en Guadalajara, aseverando que «sin cereal, esta provincia no sería absolutamente nada». Durante su intervención, también criticó la reciente normativa del Gobierno de Castilla-La Mancha sobre la resolución de incendios, que considera «grave» y un «ataque» directo al sector, limitando el trabajo de las cosechadoras.
La concentración ha tenido un gran eco entre los agricultores, aunque algunos no han podido asistir debido a los daños provocados por una tormenta el día anterior. Esta situación ha traído consigo la preocupación de que, en una provincia donde las alternativas al cultivo de cereales son mínimas, la actividad agraria está gravemente amenazada. María José Ramiro, responsable de UPA en Guadalajara, ha exigido a la administración ayudas directas al sector cerealista, un control estricto de las importaciones, especialmente de Ucrania, y subsidios relacionados con los fertilizantes.
El responsable de COAG en Castilla-La Mancha y Guadalajara, Ángel Estanislao Galve, ha expresado su descontento ante la situación que enfrenta el sector, señalando que no se puede sacrificar a los agricultores en apoyo a otro país. Galve ha subrayado las pérdidas que los agricultores han sufrido en los últimos años, con cifras que superan los 200 euros por hectárea, y ha alertado sobre los daños devastadores que la reciente tormenta ha causado en explotaciones agrícolas de varias localidades, donde podrían haberse perdido entre el 80 y el 90% de la cosecha.
Las organizaciones agrarias han manifestado también su frustración con la cobertura aseguradora, que consideran insuficiente para paliar las pérdidas. En un mensaje claro, Galve ha instado al Ministerio a prestar atención a la situación crítica del sector, advirtiendo que las movilizaciones no cesarán hasta que se tomen medidas concretas para abordar la crisis que enfrentan.
