La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales (APAM) de Castilla-La Mancha ha manifestado su preocupación respecto al Plan de Recuperación del Águila Imperial, argumentando que las medidas tomadas son insuficientes para asegurar la conservación de esta especie en peligro de extinción. APAM destaca que, a pesar de los 15 años de espera para la revisión del plan, éste no cumple con las expectativas, particularmente en lo que respecta a la protección de zonas con población reproductora en las cinco provincias de la región.
Aunque se reconocen algunos avances en el plan, como la ampliación de las zonas críticas y de dispersión, la asociación señala importantes carencias. Entre ellas, una deficiente regulación de las áreas de exclusión para energías renovables, que únicamente dispone de un radio de un kilómetro en torno a los nidos para los proyectos de plantas fotovoltaicas de más de 20 megavatios, cuando APAM sugiere que deberían estar totalmente excluidos en un radio mínimo de tres kilómetros. Además, respecto a los parques eólicos, el plan mantiene las prohibiciones en áreas críticas, pero según APAM sería más adecuado establecer zonas de exclusión de al menos cinco kilómetros alrededor de los nidos conocidos.
También hacen referencia a la alteración del hábitat de alimentación causada por cultivos leñosos intensivos en gran escala, lo cual perjudica tanto al águila imperial como a otras especies amenazadas. APAM critica a la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha por la falta de transparencia y participación en la elaboración del plan, ya que no ha sido sometido a consulta previa con entidades expertas, conservacionistas o agentes medioambientales.
La asociación urge a la Consejería a hacer modificaciones en el borrador, tomando en cuenta las alegaciones de grupos ecologistas, especialmente en lo que se refiere a las zonas de exclusión para energías renovables y la gestión racional de la caza del conejo, alimento esencial de especies en protección como el águila imperial y el lince ibérico.
En contraposición, reconocen como positiva la prohibición de munición de plomo en ciertas zonas, contribuyendo a la salud pública y a los ecosistemas. Resaltan además la necesidad de proteger las especies depredadoras, fundamentales para el control ecológico de poblaciones presa, como el caso del conejo. Para situaciones de caza controlada destinada a prevenir daños en la agricultura, resaltan que el requisito de un informe previo de valoración ya se encuentra establecido en la ley.
Finalmente, APAM aclara que las limitaciones en ciertas actividades agrarias o forestales cerca de zonas de nidificación no son prohibiciones sino medidas de compatibilización, y refutan las afirmaciones sobre la falta de evidencias acerca de los daños por el uso de munición de plomo en la caza, citando estudios científicos que demuestran los perjuicios de su bioacumulación.
La asociación llama a un proceso abierto y transparente en la revisión de otros planes de recuperación de especies y plantea un diálogo constructivo con las administraciones para llegar a una solución que favorezca tanto a las especies amenazadas como a las comunidades que coexisten en el entorno.
