Un agente de la Guardia Civil asignado a Bolaños de Calatrava se encuentra en medio de un juicio en el que enfrenta acusaciones de omitir su deber de perseguir delitos y de falsedad documental. M.J.I.C. ha declarado en la primera sesión del juicio que sus acciones estuvieron en línea con los procedimientos oficiales y que no fue testigo de ninguna agresión por parte de su compañero guardia civil a la exmujer de este último.
El caso se remonta a los meses de septiembre y octubre de 2018, cuando la expareja de un guardia civil le fue infiel a su esposa, lo que desencadenó una serie de discusiones y eventuales agresiones. M.J.I.C., acusado de encubrir los hechos, ha admitido que medió en los conflictos entre la pareja, fuera de servicio y por solicitud de la mujer. Asegura que asesoró a la víctima sobre cómo proceder para presentar una denuncia y que informó a su superior de las acciones de su compañero, quien fue condenado a 21 meses de cárcel por violencia de género.
Contrario a lo que declaró M.J.I.C., la víctima ha negado haber recibido su ayuda. En su testimonio, explicó que durante dos agresiones, una en la feria de Bolaños de 2018 y otra diez días después, solicitó el apoyo del acusado sin obtenerlo. Asegura que M.J.I.C. minimizó los hechos, sugiriendo únicamente que debía alejarse de su agresor para evitar empeorar la situación.
Además, se ha puesto en tela de juicio la conducta del acusado con respecto a los cuestionarios de evaluación de riesgo que le realizó a la denunciante. La fiscalía y la acusación particular sostienen que estas evaluaciones fueron manipuladas por M.J.I.C., quien presuntamente alteró las respuestas, reduciendo el nivel de riesgo percibido de «medio» a «no apreciado». Este punto clave del caso fue descubierto por la víctima cuando reportó un quebrantamiento de la orden de alejamiento y se percató de discrepancias en sus archivos.
Por su parte, la fiscalía ha pedido una pena de cuatro años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de su cargo por igual periodo, mientras que la acusación particular exige cinco años de cárcel. Los cargos se basan en la presunta omisión del acusado al deber de perseguir delitos y por la falsificación de documentos oficiales.
