En una reciente declaración que ha generado no poco revuelo en el panorama político español, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha salido al paso de las interpretaciones y críticas vertidas sobre el acuerdo fiscal alcanzado entre el PSOE y ERC para Cataluña, calificándolo decididamente como «un concierto». Esta afirmación pone de relieve una discrepancia notoria con las explicaciones previas ofrecidas por la vicepresidenta primera y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien había enfatizado en la singularidad de la financiación sin equipararla a un concierto.
Borrell, confrontando directamente la terminología utilizada por Montero, sostiene que el término «singular» tiende a la ambigüedad, mientras que lo pactado se ajusta a la definición técnica de un concierto fiscal. A su entender, esto se traduce en que Cataluña tendría la competencia completa sobre la recaudación de impuestos, gestionando los ingresos para su propia hacienda para luego contribuir una parte al Estado, configurando esta operativa como un concierto en términos técnicos.
Esta postura de Borrell se interpreta como un desafío a las aseveraciones previas de la Ministra de Hacienda, ampliando el margen de debate sobre la naturaleza y repercusiones del acuerdo. La Ministra Montero, por su parte, había negado que el acuerdo configurase un cupo catalán al estilo del concierto vasco, intentando distinguir el modelo propuesto de los precedentes existentes.
El acuerdo, según Borrell, no equivale a una financiación adicional para Cataluña en el sentido estricto. Aunque reconoce que la comunidad autónoma dispondría inicialmente de una mayor capacidad financiera, con unos 30.000 millones de euros más en caja, enfatiza la necesidad de deducir las contribuciones de Cataluña al Estado en concepto de servicios prestados y solidaridad territorial. Esta clarificación apunta a una futura negociación detallada sobre la retención final de recursos dentro de Cataluña y la parte que sería transferida al Estado, un asunto todavía pendiente de concreción.
La firmeza de Borrell en su interpretación lleva el debate sobre la financiación autonómica a un nuevo nivel de complejidad, subrayando las diferencias interpretativas dentro del propio espectro gubernamental y la relevancia de los términos utilizados para definir el acuerdo. En contraposición a la posibilidad de alimentar debates públicos divisivos, el alto representante justifica su postura en la importancia estructural del cambio que, a su juicio, implica el acuerdo, reafirmándose en su análisis y abogando por una mayor claridad conceptual en los acuerdos fiscales territoriales de España.
