La justicia toledana ha dado un paso adelante en el caso que involucra a la ex-alcaldesa de Toledo y actual delegada del Gobierno de Castilla-La Mancha, Milagros Tolón. El juzgado de Instrucción número 1 de Toledo ha admitido a trámite una querella por un presunto delito de malversación de caudales públicos, una acción legal iniciada por concejales del Partido Popular durante la anterior legislatura.
Según el auto del juzgado, que ha sido difundido por Europa Press, la admisión de la querella cumplió con los requisitos marcados por el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Estos requisitos se refieren a la correcta presentación del proceso por parte de un procurador con poder suficiente, incluyendo la identificación completa de las partes implicadas, la descripción detallada del hecho, la solicitud formal de admisión de la querella y la firma correspondiente del que la interpone.
El tribunal, no obstante, ha señalado que aún quedan por determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos denunciados, así como las identidades de quienes han intervenido en estos. Por esto, se ha decidido iniciar diligencias previas y llevar a cabo las acciones pertinentes para esclarecer estos aspectos y establecer el órgano competente para el juicio.
Los hechos objeto de la querella tienen su origen en una multa de 800 euros dirigida personalmente a Milagros Tolón, la cual fue recurrida por el Ayuntamiento toledano. La sanción en cuestión está asociada con la compra de la colección Luis Alba por 1,5 millones de euros, una adquisición realizada en 2007 durante el mandato del alcalde del Partido Popular, José Manuel Molina.
El Partido Popular, fundamento de su querella en pronunciamientos judiciales previos, especialmente en uno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Los exconcejales argumentan que estas declaraciones judiciales apuntan a una «falta de legitimidad del Ayuntamiento de Toledo en defensa de los particulares intereses de su alcaldesa». Los populares indican que esta situación resulta clara y contundente, poniendo en relevancia la frase de un fundamento de derecho que adjudica la defensa de intereses particulares y no municipales a la alcaldesa.
La tramitación de esta querella supone un capítulo más en este entramado legal relacionado con la gestión de los fondos municipales y la llamada a cuentas de representantes públicos y su ejecución del poder. El desenlace del caso permanece a la espera de las determinaciones judiciales futuras y las potenciales repercusiones políticas que conlleve.
