Desde que asumió el cargo, la administración del presidente Donald J. Trump ha dejado claro su compromiso con el cumplimiento de la ley. Con una postura decidida hacia aquellos estados y entidades que han optado por desafiar las normativas federales, el gobierno ha emprendido una serie de acciones mediante investigaciones y demandas que buscan reafirmar su autoridad.
Una de las áreas más activas ha sido el Departamento de Educación, que ha iniciado investigaciones en la Asociación Atlética de California y la Liga de Alto Escolar del Estado de Minnesota por su incumplimiento de un decreto presidencial que protege la participación de las niñas en los deportes. Adicionalmente, se han anunciado indagaciones sobre incidentes de acoso antisemita en cinco universidades públicas del país, subrayando el compromiso de la administración con un ambiente educativo libre de discriminación.
En otra esfera, el Departamento de Justicia ha tomado medidas enérgicas al presentar demandas contra el Estado de Nueva York y sus funcionarios principales. Los cargos se centran en su negativa a acatar las leyes federales de inmigración. Asimismo, se han elevado quejas legales contra las políticas de “santuario” en el Estado de Illinois y la Ciudad de Chicago, que se perciben como peligrosas e ilegales.
Por su parte, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha hecho referencia a la Oficina del Inspector General y al DOJ en relación con un plan elaborado por funcionarios salientes de la EPA durante la administración Biden. Este esquema tenía como objetivo ocultar miles de millones de dólares en fondos federales en una institución financiera externa, lo que generaba preocupaciones sobre la supervisión y responsabilidad sobre las finanzas públicas.
El ámbito de las telecomunicaciones también ha sido objeto de atención, ya que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha emprendido una investigación sobre políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) que podrían discriminar a algunas entidades reguladas, como Comcast. Esta acción se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio por segregar estas políticas impuestas por el anterior gobierno. En este sentido, la FCC ha tomado medidas contra una emisora respaldada por George Soros, con sede en San Francisco, que divulgó la ubicación de autoridades de inmigración federal durante operaciones encubiertas en la región. Además, se está investigando a las organizaciones NPR y PBS por supuestas violaciones a las leyes federales.
Finalmente, el Departamento de Seguridad Nacional ha actuado drásticamente al recuperar decenas de millones de dólares en fondos que habían sido distribuidos erróneamente por funcionarios de FEMA para alojar a inmigrantes indocumentados en lujosos hoteles de Nueva York.
Estas acciones reflejan un enfoque denso y directo por parte de la administración Trump hacia el respeto a la ley, con la intención de establecer un firme precedente sobre el cumplimiento normativo y la responsabilidad de las autoridades estatales y locales. En este contexto, el mensaje es claro: se espera que todos los niveles de gobierno actúen de acuerdo con las leyes federales.
Fuente: WhiteHouse.gov
