En un giro de eventos que ha suscitado controversia en la política argentina, el presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei, han sido denunciados penalmente por el uso indebido de fondos y bienes públicos. Gabriel Solano, legislador de la ciudad de Buenos Aires y miembro del izquierdista Partido Obrero, presentó la denuncia, que ahora está en manos del Juzgado Criminal y Correccional Federal 4, liderado por el juez Ariel Lijo.
La acusación se centra en el reciente viaje de Milei a España, descrito por la denuncia como un “viaje privado” que se habría financiado con recursos estatales argentinos, a pesar de que no aparece en la agenda oficial presidencial ni contempla reuniones con las autoridades españolas, incluido el rey Felipe VI. Según Solano, este desplazamiento a Europa ha costado más de 500.000 dólares (460.000 euros) al erario público, señalando presuntos delitos de defraudación y abuso de autoridad, entre otros.
Por su parte, el Gobierno de Milei defiende el carácter oficial del viaje, subrayando el liderazgo del presidente en la formación ultraderechista La Libertad Avanza y su participación en la convención anual del partido español Vox. Pese a las críticas, desde la presidencia se justifica el viaje argumentando reuniones con empresarios españoles y la presentación del libro de Milei, lo cual, según el portavoz presidencial Manuel Adorni, justificaría los gastos incurridos.
La controversia se agrava con el recuerdo reciente de un choque de trenes en Buenos Aires, donde la falta de inversión en seguridad fue motivo de indignación pública. En este contexto, Solano criticó duramente a la administración Milei por gastar fondos públicos en viajes mientras se descuidan aspectos críticos de la infraestructura nacional.
La situación actual plantea serias preguntas sobre la gestión de los recursos del Estado y la distinción entre los deberes oficiales y las actividades privadas de los líderes políticos. Con la denuncia en manos de la justicia, los argentinos esperan claridad y responsabilidad sobre cómo se utilizan sus contribuciones fiscales en un momento de especial sensibilidad hacia la integridad de sus representantes.
